Libros de ayer y hoy
En la más reciente entrega del Itinerario Político se documentó que el regreso a clases presenciales, decretado por el gobierno federal, era lo más parecido a un crimen de Estado.
Un decreto del jefe del Estado y del gobierno para que, a partir del 30 agosto del 2021, regresen a clases presenciales en todo el país los niños, adolescentes y jóvenes.
Es decir, que por decreto del Estado, se pone en riesgo la vida de niños, adolescentes y jóvenes –además de maestros y familias completas–, ya que la vacunación en México es de las más bajas del mundo, mientras que “la tercera ola” de contagios supera por mucho a las dos primeras en nuestro país.
Eso sin contar con la más reciente revelación de la Universidad Johns Hopkins, que reportó a México como el país del mundo con el mayor número de muertos por Covid, por cada 100 mil habitantes.
Además, según Sipinna, en México han muerto casi 600 niños y jóvenes en los que va de la pandemia y se han contagiado al menos 57 mil 500 menores; 11 mil de ellos entre 0 y 5 años; 14 mil entre 6 y 11 años y 34 mil entre 12 y 17 años.
Por tanto miente el gobierno de AMLO cuando dice que la pandemia no daña a menores de edad.
Pero volvemos al tema porque la política de salud pública implantada por López Obrador experimentó un cambio de 180 grados en la atención a la niñez y la juventud; un viraje que no sólo ofende a la sociedad sino que rechaza una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano; la obligación de atender de manera prioritaria la salud de los ciudadanos.
Y es que de manera irresponsable, el presidente Obrador no sólo tiró a la basura la “Cartilla de Vacunación” –instrumento fundamental que permitió garantizar la salud de la niñez mexicana durante medio siglo–, sino que para el regreso a clases propuso una suerte de “Cartilla de Defunción”.
Sí, lo más parecido a una carta de suicidio: “¡Que no se haga responsable a nadie de mi muerte!”.
En los hechos, la “responsiva” que la SEP propone que firmen los padres para que sus hijos acudan a la escuela no es otra cosa que el aval de los padres para exonerar a las autoridades escolares –del sector educativo y al gobierno federal–, del daño potencial a los niños acausa de la pandemia.
¿Y cuál podría ser ese daño?
Todos lo saben; el riesgo que va desde el contagio del niño en la escuela, al peligro para toda la familia, a la enfermedad grave y, sobre todo, a la muerte del niño y/o de uno o más de sus familiares cercanos.
En castellano puntual, López Obrdor le avisa a los mexicanos que su gobierno “se lavará las manos” por el contagio y eventual muerte de niños en las escuelas y que los padres serán los únicos responsables
En efecto, la exigencia del gobierno es que todos los niños, adolescentes y jóvenes que regresan a clases, lleven consigo, todos los días, su certificado de que ante la eventualidad de un contagio o, incluso la muerte, no se hará responsable a ninguna autoridad escolar o federal.
Insistimos, lo más parecido a una carta de suicidio: “¡Qué no se haga responsable a nadie de mi muerte!”.
Pero el mayor crimen es que con tal documento, el ciudadano renuncia –por presión oficial–, a la obligación del Estado a garantizar derechos humanos como los de la salud, el bienestar y la vida.
Es decir, que en la práctica, los ciudadanos son obligados al pago de impuestos pero el Estado –el gobierno y sus instituciones–, no asumen su responsabilidad de garantizar los derechos propios de quienes pagan impuestos; derechos humanos a la salud, el bienestar y la vida.
Y ese cambio radical de la responsabilidad del Estado con la salud pública contrasta de manera extrema con la implantación –por decreto presidencial del 20 de octubre de 1979–, de la Cartilla Nacional de Vacunación.
Desde entonces, la “Cartilla de Vacunación” se convirtió no sólo en una garantía de salud para los mexicanos de 0 a 17 años, sino el equivalente a la credencial del INE para esa población.
La “Cartilla de Vacunación” es herencia de Alfredo Heredia Duarte, pediatra y maestro en salud pública, mientras que la “Cartilla de Defunción” podría ser la macabra herencia de López Obrador. Al tiempo.