Itinerario político

La ingobernabilidad que hoy vive el estado de Guerrero es el mejor
ejemplo de la claudicación del Estado frente al crimen organizado.
Y es que en Guerrero las bandas criminales controlan la política, los
partidos, los gobiernos municipales y el gobierno estatal, además de todos los
rubros de la economía local.
Por ejemplo, la distribución y venta de carne de pollo y de res está en
manos del crimen organizado; lo mismo que la producción y comercialización
de tortillas, pan, verduras, abarrotes, cerveza y la explotación mineral y
maderera. Hoy la pelea es por el transporte público; batalla que ha cobrado
decenas de vidas.
Dicho de otro modo, vivir hoy en cualquier rincón de estado de
Guerrero es vivir en un territorio controlado por las distintas bandas
criminales que se disputan no solo la venta de droga, sino el control total de la
economía del estado y de sus municipios, además de que las mafias criminales
atrapan día a día nuevos espacios de poder; en el Congreso local, en alcaldías,
cuerpos policiacos y estructuras del gobierno estatal.
Por eso, apenas en días pasados, el Ejército y la Guardia Nacional
recibieron la orden de salir del estado de Guerrero, a pesar de que la violencia
va en aumento y que, por ejemplo, en los últimos días han sido asesinados
decenas de choferes y concesionarios del transporte público, en la más
reciente y mortífera disputa entre particulares y criminales.
Pero el asalto al poder político, por parte de las bandas criminales viene
de lejos en Guerrero. La actual crisis empezó con la llegada a la alcaldía de
Acapulco, del impresentable Félix Salgado Macedonio, en 2005.
Resulta que el “diputado costales” –como motejaron por años Salgado
Macedonio–, se vinculó al grupo criminal de los Beltrán Leyva; mafia que
controlaba la “plaza” de Nayarit. A los pocos meses de haber asumido la
alcaldía, Salgado entregó Acapulco a ese grupo criminal, a cambio de
financiar el activismo político de López Obrador.
Para 2012 y luego de un intenso activismo de “operadoras” leales a
López Obrador –como Delfina Gómez y Citlali Ibáñez, alias Yeidckol
Polevnsky–, las bandas criminales que operaban en Guerrero empezaron a
comprar candidaturas a distintos puestos de elección popular.
Aquí documenté, por ejemplo, que las señoras Delfina y Citlali pactaron
con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega de “dinero negro” a cambio

de la candidatura a la alcaldía de Iguala; dinero procedente del crupo criminal
Guerreros Unidos, los mismos matarifes que desaparecieron a “los 43”.
Y si aún lo dudan, en El Rey del Cash, Elena Chavez confirma lo que
aquí documenté desde 2012, sobre el financiamiento del activismo político de
Obrador a partir del dinero del narcotráfico.
Así lo dijo: “En una ocasión César (Yáñez) llegó a casa después de
haber estado en Iguala. En la maleta siempre traía de regreso un montón de
papelitos que la gente le daba al candidato… Cuando abrí la maleta para sacar
la ropa sucia cayeron al piso varios papeles con peticiones, entre ellos un
escrito a mano de una persona que advertía a López Obrador sobre las
relaciones peligrosas del presidente municipal de Iguala; le aseguraba que
Abarca tenía trato con narcotraficantes y juntos estaban gobernando…
“Y Los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, cuándo dirán la
verdad? ¿Cuánto dinero recibieron de Abarca para las candidaturas? Aún hay
mucho que responder. ¿Por qué nunca dijeron que José Luis Abarca, siendo
presidente municipal de Iguala, le entregaba efectivo a César Yáñez, quien
durante esa terrible época fungía como delegado federal en Acapulco para los
eventos del entonces candidato presidencial?”. (FIN DE LA CITA)
El resto de la historia todos la conocen; el crimen de “Los 43” fue una
de las herramientas políticas que hicieron presidente a López, a pesar de que
sus aliados en Iguala son los responsables del crimen contra los estudiantes.
Pero la gota que derramó el vaso fue la llegada de Féliz Salgado
Macedonio –un probado depredador sexual–, al poder estatal de Guerrero,
quien comparte el gobierno de esa entidad no solo con su hija –la gobernadora
formal, de nombre, Evelyn Salgado–, sino con las bandas criminales locales y
foráneas que, a su vez, son aliadas del presidente López Obrador.
Por eso, porque el verdadero poder político del estado de Guerrero está
en manos del crimen organizado, no cesan las ejecusiones, extorsiones y la
disputa por el control político y económico de la entidad.
La pelea, sin embargo, apenas empieza. Y es que la verdadera novedad
es la participación de las bandas criminales en la disputa por la candidatura
presidencial al interior del “narco-partido” Morena.
También por esa razón, en Guerrero se han intensificado los crismenes
políticos vinculados a los presidenciables de Morena y, en el extremo, las
balas han llegado al primer círculo familiar de la gobernadora.
Y es que Guerrero, igual que Morelos, Michoacán, Zacatecas y muchas
otras entidades, hoy no solo son gobiernos estatales fallidos sino perfectos
“narco-estados”, en donde el mandón es el crimen organizado.
Y por eso la pregunta obligada: ¿Hasta cuando?
Al tiempo.