Indicador Político|Carlos Ramírez

Indicador Político
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1.- De la lejanía de la crisis sistémica 1968-1970, ahora se abrió de manera legal una Comisión de la Verdad para indagar lo ocurrido en el ciclo de las represiones iniciado en 1958, que tuvo su punto culminante en 1968 y que registró una salida violenta en 1981 con la temible Brigada Blanca. Estos tres puntos enmarcaron las sucesiones de López Mateos, Echeverría, De la Madrid, Salinas y Zedillo.

2.- El discurso político antineoliberal que determinará la sucesión del 2024 engarzó los conflictos en las sucesiones de 1976, 1982, 1988, 1994, 2012 y 2018 como estaciones de rupturas entre políticos y neoliberales. Todas ellas no fueron sucesiones tersas, provocaron conflictos y violencias internas y realinearon a los bloques de poder por la polarización ideológica.

3.- La reactivación del tema del fraude electoral de 1988, dinamizado por el lenguaje de violencia política de Manuel Bartlett Díaz, refiere el principal punto de inflexión del grupo tecnocrático que se apropió del poder atropellando primero a los políticos priístas. El involucramiento de Bartlett en ese escenario también ha reactivado el viejo expediente del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, por el cual Bartlett tiene un expediente abierto en Los Ángeles y sobre todo una carpeta especial en el escritorio de todos los directores de la agencia antinarcóticos.

4.- La aparición, como si fuera personaje de las fiestas de muertos mexicanas, de Luis Donaldo Colosio a través de su asesino confeso, sentenciado y siempre puesto en duda revivió el marco referencial del año aciago de 1994 que comenzó con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993 y llegó a su punto culminante con el arresto de Raúl Salinas de Gortari en marzo de 1995. La crisis de inestabilidad en esa sucesión fue producto, escribió Carlos Salinas de Gortari en una carta, de la “tremenda lucha por el poder”.

La decisión presidencial de adelantar hoy la sucesión de 2024 abrió un enorme tiempo político de lucha por el poder primero dentro del grupo gobernante, después de la oposición y luego en las corrientes típicas de la inestabilidad institucional.

Las reglas del juego político sucesorio en el pasado obligaban al presidente de la república a mantener un control autoritario dentro de su gobierno, en los medios y con la oposición en ese tiempo delicado que corre de las elecciones legislativas federales de mediados del sexenio a el año anterior a las elecciones presidenciales.

Este tiempo político era aprovechado por el presidente para reforzar los amarres, cerrar las puertas a expedientes de inestabilidad, controlar a los grupos con capacidad de ruptura de la gobernabilidad y administrar en privado los reacomodos de las corrientes detrás de los precandidatos.

Las evidencias de rupturas institucionales y violentas en las sucesiones presidenciales de 1958 a 2000 debilitaron, desautorizaron y deterioraron la capacidad de gestión del proceso sucesorio subterráneo del presidente en turno. Cada vez que la lucha por la candidatura salió del control presidencial, las crisis de violencia hicieron tambalear la precaria estabilidad política del régimen.

Una sucesión presidencial de tres y medio años dificultará la gestión de las crisis nacionales, demeritará la capacidad de gobierno de los precandidatos abiertos y ocultos y despertará, de nueva cuenta, una tremenda lucha por el poder entre grupos y bloques. El costo político inevitable será el desgaste de la figura presidencial en momentos en que se requiere de un liderazgo sólido y plural. La experiencia de sucesiones presidenciales pasadas indica, parafraseando a Gorbachov en la transición soviética, que no ha habido expresidentes felices.

La irrupción de las cuatro últimas sucesiones presidenciales conflictivas en el escenario de la sucesión de 2024 es un recordatorio de que las nominaciones presidenciales desde el poder no tienen resultados estables.

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