Indicador Político|Carlos Ramírez

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El otro punto Importante en los acuerdos de seguridad ha estado siempre en que el tema del narcotráfico se ha impuesto como punto principal de la agenda y se define desde EU como la subordinación de los países de la región que son sedes de cárteles y tráfico a la dirección estadunidense.

Y en este sentido un punto que la Casa Blanca no ha querido resolver: la autonomía casi absoluta de la DEA para operar con métodos autoritarios e ilegales y su negativa inclusive a subordinarse a los criterios del Departamento de Justicia y menos aún a coordinarse con el Sistema Nacional de inteligencia estadounidense.

Previo a la reunión de hoy viernes 8 de octubre en México dentro del diálogo binacional de seguridad, la DEA realizó operaciones políticas de involucramiento en la estructura del gabinete de seguridad nacional de México y se reunió con su propia agenda con el fiscal mexicano general de la República, cuya estructura de nuevas funciones son ajenas a las anteriores como Procuraduría General y nada tienen que ver con temas de narcotráfico.

Peor aún, la DEA tiene la obligación legal en México de responder a las reformas a la ley de seguridad nacional mexicana, promovidas por el canciller Marcelo Ebrard como parte de la redefinición del marco de Estado en las relaciones bilaterales, y sus negociaciones deben darse en escenarios de gobierno a gobierno y cumpliendo la obligación legal de registrar a sus agentes y a sus operaciones ante las autoridades mexicanas.

El problema que tiene México es la carencia de una agencia específica de labores antinarcóticos y la dispersión de sus actividades en facultades que tienen las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana. Y aunque existe en términos de leyes un Consejo mexicano de Seguridad Nacional, su capacidad es prácticamente inexistente vis a vis las funciones que desarrolla el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el súper asesor presidencial de seguridad nacional.

México ha subordinado a EU sus políticas para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia desde el acuerdo oficial firmado el 23 de febrero de 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari a menos de sesenta días de haber tomado posesión y a un mes de la protesta como presidente de George Bush padre.

Y de este acuerdo a la iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón a días de haber arrancado la guerra contra el narcotráfico con la movilización de las fuerzas armadas, México ha marchado al ritmo de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que han promulgado cada año los presidentes desde Nixon a Biden y que se resume en la subordinación de todas las políticas de seguridad de los países del mundo al criterio central de EU: la defensa del american way of life o modo de vida estadounidense.

México llega a la reunión de hoy con una carta ya de alguna manera mostrada y que no ha encontrado ninguna posibilidad de respuesta ni señal de atención en el área de seguridad nacional de EU: el argumento de que la demanda-consumo de drogas de los adictos estadounidenses determina la existencia de toda una comunidad mundial vinculada al tráfico ilegal de drogas. Y a ello va a agregar un punto adicional que incomoda a los estadounidenses pero no los motiva a cambiar: los cárteles del crimen organizado de México cruzaron la frontera sin problemas, se hicieron cargo del contrabando de estupefacientes hacia adentro de EU, se asentaron en 3,000 ciudades estadounidenses, controlan la compra venta al menudeo de droga y en los hechos no son molestados por los funcionarios estatales y federales de Estados Unidos.

La instrucción presidencial mexicana en la negociación de hoy ha sido la de prefigurar un verdadero acuerdo bilateral que reconozca los intereses mexicanos y que obligue a los altos funcionarios de la Casa Blanca a incluirlos en un nuevo documento. Al final de cuentas, México cuenta con una ventaja comparativa: Estados Unidos está siendo infectado cada vez más por la droga y ahora por el fentanilo asesino que la Casa Blanca condena pero no combate.

Y como dato importante, al parecer el presidente Biden ha decidido marginar a la vicepresidenta Kamala Harris de la agenda bilateral mexicana por su incapacidad para gestionar el acuerdo con México.

Política para dummies: La política se mide por el trato con el adversario.

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