Indicador Político|Carlos Ramírez

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Narcoseguridad, central con EE. UU.; Casa Blanca, por Iniciativa Mérida 2.0

La prioridad de estadounidense radica en obligar a México a regresar a la estrategia de guerra contra los cárteles del crimen organizado, la persecución, arresto y extradición de una lista de alrededor de cinco capos y la subordinación de las oficinas civiles y militares mexicanas al enfoque militar-policiaco del Departamento de Defensa y la DEA. La meta es una Iniciativa Mérida 2.0 más intervencionista.

La reciente reunión México-EE. UU. esta semana mostró el grado de tensión y desacuerdos. En este escenario las matanzas entre bandas criminales en nada contribuyen a tranquilizar a los estadounidenses. Y la revelación de conflictos en ciudades localizadas de la frontera mexicana ha exhibido una tierra de nadie bajo el control de la corrupción de funcionarios de ambos gobiernos responsables de la incapacidad de diagnosticar una nueva estrategia y de encontrar fórmulas comunes para objetivos concretos.

El problema radica en el hecho de que la relación bilateral en el tema de la narcoseguridad ha llegado a un punto muerto, pues Estados Unidos no ha planteado opciones a la persecución criminal y México no quiere salirse del guion de la construcción de la paz basado en la no provocación a las bandas criminales.

El tema seguirá escalando el conflicto en tanto no se cumplan tres requisitos planteados por Washington: la captura y deportación de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo encargado del tráfico creciente de fentanilo, el químico base para las nuevas drogas que están convirtiéndose en responsables de la mayor parte de los muertos por consumo y sobredosis de droga.

Ninguno de los dos países ha hecho un esfuerzo real de negociación para llegar a puntos comunes. En el gobierno de EE. UU. existe cierto grado de frustración por el fracaso de la agenda mexicana-centroamericana de la vicepresidenta Harris, sobre todo porque no pudo avanzar en su objetivo de sensibilizar a las autoridades mexicanas de seguridad de las preocupaciones estadounidenses respecto al tráfico de drogas.

La tesis central mexicana ha sido la misma de siempre: la demanda determina la oferta. Y también ha insistido en su frustración de que ningún gobierno de EE. UU., desde Nixon a Biden, ha querido trabajar en el combate al tráfico y consumo de drogas en la sociedad estadounidense, basados en criterios de derechos sociales –por cierto, casi reproducidos en el dictamen de la Suprema Corte de México para abrir la puerta al consumo lúdico de la mariguana– y el sistema de seguridad estadounidense quiere terminar o liquidar la fuente externa del narcotráfico sin sobresaltar el precario equilibrio social interno.

Sin un acuerdo conjunto producción-consumo, ninguna estrategia de seguridad va a tener éxito. El enfoque mexicano de acudir a las fuentes sociales del narcotráfico –desempleo, pobreza y marginación– ha sido compartido por el gobierno de Biden, pero sin presentar ninguna iniciativa de fondo. El fracaso mayor de la vicepresidenta Harris se percibió en la falta de iniciativas monetarias para ampliar inversiones estadounidenses en Centroamérica, garantizar mejores condiciones de empleo y elevar de manera inmediata el bienestar y se concretó a dinero subsidiado a gobiernos sospechosos de corrupción y bajo escrutinio de las leyes estadounidenses de transferencia de fondos corruptos.

Algunos grupos de la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional dedicados al crimen organizado transnacional han comenzado a filtrar percepciones de qué la solución al problema del narcotráfico que pasa y nace de México solo tendría resultados con decisiones radicales que cambien el sentido de las autoridades elegidas. Algunas versiones han comenzado a revivir el modelo panameño del general Manuel Antonio Noriega, agente de la CIA designado por George Bush en 1976 y luego protector de carteles.

Las presiones estadounidenses en temas de narcos seguridad apenas han comenzado y se van a llevar a las mesas bilaterales de conversaciones, aunque como operativos bilaterales estadounidenses que estarían violentando las nuevas reglas de registro estricto de operaciones establecidas por las leyes mexicanas.

Política para dummies: la política es el juego del gato y el ratón, donde siempre gana el perro.

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