Indicador Político|Carlos Ramírez

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En este contexto habría que ubicar la revelación en forma de denuncia del presidente de la república contra organizaciones mexicanas involucradas en el debate político y electoral y los datos ciertos de financiamiento de organismos oficiales del gobierno de la Casa Blanca a grupos opositores mexicanos que están disputándole al presidente López Obrador y su partido Morena la mayoría en la próxima Cámara de Diputados y quince gubernaturas en disputa.

El vacío de temas en el encuentro vía internet del presidente mexicano con la vicepresidenta Kamala Harris debe leerse en función de lo que no se dijo: el presidente Biden envió el mensaje inequívoco de que México es prioridad de la Casa Blanca y que la agenda está en el segundo nivel de mando. En este sentido, el nivel estratégico de México para la agenda de Washington se ubica en los asuntos de seguridad nacional.

Un tema central de la agenda se va a localizar en los primeros indicios recientes. El grupo de presión WOLA –Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos– ha comenzado a poner el dedo sobre el tema de la militarización, pero por la sencilla razón de que el principal dique nacionalista de resistencia en México ya no se localiza en los civiles que entregaron todo con el Tratado de Comercio Libre del presidente Carlos Salinas de Gortari, sino en el nacionalismo implícito en la doctrina militar mexicana. En los pasillos del poder de la República de Beltway –el espacio físico de localización de las principales agencias federales en D.C.– han visto el fortalecimiento del sector militar mexicano como un riesgo nacionalista.

El reporte último de WOLA peca de parcialidad porque sólo denuncia la expansión de actividades de militares en áreas civiles, pero sin profundizar en las fundamentaciones legales: la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 justifican con claridad los fundamentos constitucionales para las actividades de las fuerzas armadas en seguridad publica por mandato de la seguridad interior y explican que los militares si pueden participar en obras sociales de prioridad pública.

El dato debe contrastarse. En EEUU el presidente Biden acaba de romper la tradición civil en el sector militar oficial y designó, con el aval del Senado, a un general recién retirado como secretario de Defensa, algo que no ocurría en esos niveles desde mediados del siglo XX. Lo curioso, para decir lo menos, fue que el general Lloyd Austin se comprometió en el Senado a ser un secretario “civil”, aumentando la confusión sobre las fronteras entre lo civil y lo militar.

El asunto es de definición estratégica. EE. UU. son un Estado de seguridad nacional, es decir, que el Estado en EE. UU. sólo tiene la prioridad de mantener, consolidar y expandir el dominio militar estratégico imperial del país en el mundo. En México, en cambio, opera la doctrina militar de la seguridad interior: la condición que proporciona el Estado y sus fuerzas armadas para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

Hasta el argumento de la violación de los derechos humanos por las fuerzas armadas en acciones de seguridad se ha ido desinflando: las denuncias por uso de fuerza han bajado de 836 en 2013 a apenas 241 en 2020, además de que el ejército tiene ya una Dirección General de los Derechos Humanos y mantiene cursos de capacitación en el tema proporcionados por la propia CNDH. En cambio, las quejas por abusos militares en presencias militares estadunidenses en el mundo siguen aumentado las denuncias por irregularidades, aunque las autoridades hayan ya validado el uso de la tortura en investigaciones militares sobre terrorismo.

La estrategia que viene de EE. UU. tratará de alejar a las fuerzas armadas de funciones estratégicas, pero con la intención de la Casa Blanca de que México regrese a cobijarse bajo el paraguas de la seguridad nacional estadunidense.

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