Indicador Político

El T-MEC como régimen y dependencia de EU a 2036

El anuncio oficial del secretario de economía, Marcelo Ebrard Casaubon, de que en el peor de los casos el Tratado de Comercio Libre con Estados Unidos –porque Canadá no cuenta– se extendería por diez años más dejó muy en claro que el sistema/régimen/Estado/Constitución/modelo de desarrollo de México seguirá subordinando a los intereses de Estados Unidos.

Pero el problema político que sabía Carlos Salinas de Gortari cuando inició las negociaciones del acuerdo radica en el hecho de que EU continuará definiendo el modelo de desarrollo mexicano y sus referentes políticos, sociales y geopolíticos, independientemente de quién llega a la Jefatura del Poder Ejecutivo mexicano en el 2030 y en el 2036.

López Obrador tuvo la posibilidad en 2018 de plantear la independencia económica de México y eludir su dependencia en la revisión del Tratado, pero su propuesta de Cuarta Transformación no fue sino la continuidad del proyecto neoliberal de Salinas de Gortari. Y ahora que el Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo enfrentó un desafío similar, en los hechos entregó la negociación al enfoque de desarrollo de Ebrard y resultó ser el mismo de Salinas de Gortari.

Lo más grave es que Ebrard y la administración Sheinbaum están negociando un Tratado que mantiene el papel de México en el furgón de cola del comercio con EU, con la zanahoria de que habrá más exportaciones mexicanas. Pero los presidentes que se voten en 2032 y 2036 se encontrarán con un marco cada vez más atado al interés de la economía estadounidense de regresar a ser el centro neurálgico de la producción y el consumo.

López Obrador y Sheinbaum Pardo no se preocuparon por tener un modelo de desarrollo propio porque el primero en realidad carecía de una propuesta más allá del asistencialismo de primer piso con dinero regalado y la segunda tampoco concibió la necesidad de un modelo de desarrollo con incidencia nacional que sacara a México de la dependencia respecto de EU, y el Plan México está demostrando no sólo su ineficacia, sino su inexistencia programática.

La decisión de Ebrard-Sheinbaum de extender el Tratado tal cual –y peor aún, con el regreso de los aranceles o del comercio nuevamente protegido de EU– hasta 2036 estaría atando de manos a dos los próximos presidentes que requerirán de una propuesta de modelo de desarrollo para ganar sus respectivas selecciones.

En el esquema negociado por Ebrard, las elecciones presidenciales de 2032 y 2036 saldrán sobrando y serán innecesarias, porque el equipo comercial de Trump se encontró con un Ebrard sin estructura ni equipo nacional burocrático o empresarial y se atrevió hipotecar el modelo de desarrollo mexicano por diez años más.

Los presidentes de México de 2030 y 2036 –hay que reiterarlo– carecerán de instrumentos legales para definir su propio modelo de desarrollo, si acaso los candidatos en ambas elecciones se atreven además insistir en sus campañas electorales en la necesidad de que México salga de la dependencia respecto de los intereses económicos estadounidenses.

Pero lo más grave es el costo político –de sistema, de régimen y de Estado– que México ha estado pagando desde la puesta en marcha del Tratado el 1 de enero de 1994 atropellando la protesta incipientemente armada del zapatismo en Chiapas que se oponía desde su condición de pueblo originario –hoy tan de moda ante el monarca español conquistador– y en la negociación de los acuerdos de San Andrés Larráinzar que derivaron la negociación de la paz en el sur de la República.

En ese contexto, la revalidación y extensión del Tratado hasta 2036 estará anclando el compromiso de México de un modelo económico capitalista-de mercado que responde sólo a los intereses de producción y consumo del american way of life o modo de vida americano de EU desde los Tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848. La poca parte aprovechable del Plan México fue imposible siquiera de pensar en ponerla en operación porque hubiera implicado un congelamiento del Tratado para impulsar una política económica de desarrollo nacional para la competencia internacional, aunque en los hechos los gobiernos priistas, panistas, prianistas y ahora morenistas no supieron/no quisieron que el Tratado comercial firmado por Salinas de Gortari fue el Tratado de la dependencia económica, política y geopolítica de México a los intereses del capitalismo estadounidense.

El Congreso mexicano que configura una pluralidad democrática –mal que bien– y cuya oposición podría tener posibilidades democráticas de acceder a la presidencia en 2032 y 2036 tendría facultades para frenar las negociaciones secretas –las de la letra chiquita– de Ebrard con el equipo económico de Trump y su consigna de someter a México a los intereses de la Casa Blanca. Pero los legisladores andan en otras cosas.

Si se aprueba el Tratado con diez años de extensión, los presidentes mexicanos de 2030 y 2036 seguirán subordinados a los intereses de Washington.

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