Indicador político

EU, el gran elector en 2027
y 2030 contra narcopolíticos

El incremento de las presiones de Estados Unidos en materia de narcoseguridad y
narcopolítica sobre México se perfiló ya como el principal factor político de Morena en el
reparto de candidaturas a diputados locales, alcaldes, gobernadores y diputados federales
para 2027. Las reuniones bajo coacción de EU en la última semana y desde la última
amenaza –pero no la última– del presidente Trump de usar el avance terrestre dejaron en
claro el escenario mexicano como prioridad de seguridad nacional estadounidense.
El contenido de la reunión del viernes en la embajada de Estados Unidos con
funcionarios de los gabinetes de seguridad de los dos países dejó más suspicacias que
certezas, pero el fin de semana volvieron a circular en ese contexto las listas de políticos
Morena que presuntamente serían solicitados judicialmente por EU por los dos temas
prioritarios en Washington: la narcopolítica y el huachicol fiscal.
En este contexto, el Palacio de Invierno de Palenque mandó indicios de que todo el
proceso electoral en materia de selección de precandidatos y candidatos morenistas
serían decididos –palomeados, en el viejo lenguaje priista– por el presidente emérito
López Obrador y Palacio Nacional se dedicará sólo al discurso de cobertura de los
problemas propios de la gestión administrativa del Gobierno federal.
El problema se presentó de corto plazo con algunas figuras que se daban por
seguras para candidaturas a los cargos públicos, pero que no han pasado la primera
revisión natural que ya se está haciendo en el equipo electoral de Palenque para evitar
que las primeras reacciones en medios de comunicación sean indicios muy obvios de
narcopolítica. El problema en la primera instancia del proceso sucesorio para 2027 se
encuentra en el hecho de que Palenque y Morena no se preocuparon por cuidar perfiles

de seguridad de las principales figuras y ahora se están encontrando con una gran escasez
de personajes alejados de los dos temas que preocupan a la Casa Blanca.
El otro punto que estaría preocupando sobre los nominados para el 2027 será la
necesidad por razones de sobrevivencia política de estar pensando desde ahora en la
candidatura presidencial de Morena para el 2030, pero a partir de un hecho lógico en
toda estructura político-partidista que depende de un caudillo: la caballada de aspirantes
está flaca –famélica, más bien– y ya no hay tiempo de construir nuevas figuras.
El perfil obvio del sucesor en 2030 no es tan obvio por los desajustes en el bloque
lopezobradorista que se sigue moviendo en el universo binario de leales e improvisados,
aunque sin lograr una síntesis en las personalidades de los que aparecen públicamente en
la narrativa digital.
Pero la prioridad de aspirantes al 2027 en Morena tiene el principal filtro en el
tema de seguridad y narcopolítica. Y el punto central que determinará los primeros
indicios de lo que quiera hacer López Obrador con las candidaturas se verá con claridad en
Sinaloa, donde todo el grupo morenista de Rubén Rocha Moya aparece imbricado o
salpicado de manera obvia con el expediente del Cártel de Sinaloa y las facciones de los
chapitos y la mayiza.
La carta fuerte de Rocha Moya para la gubernatura 2027 antes del 29 de abril en
que llegó a México la solicitud de su extradición –de él y de sus compinches– era el
senador Enrique Inzunza Cázarez, pieza clave en la campaña estatal de 2021 y desde luego
que el pivote dinamizador desde la Secretaría de Gobierno del Estado de la narcopolítica,
pero es la segunda figura más importante que Estados Unidos estaría solicitando por su
papel de enlace del Gobierno estatal con los chapitos.
Atrapado fuera de lugar con la solicitud de extradición de Rocha Moya, los dardos
envenenados del vicesecretario de Estado Christopher Landau en la cancelación de visas —
las conocidas públicamente y las insinuadas con visos de veracidad– colocaron cuando
menos a diez entidades de la República bajo la supervisión de todo el aparato de
seguridad de Estados Unidos. Pero Trump hizo otra jugada de tres bandas que prioriza los
expedientes de narcopolíticos en la Corte de Nueva York: nombró al fiscal Jay Clayton del

caso Rocha Moya como nuevo director de Inteligencia nacional que coordina a las 18
agencias de seguridad nacional y espionaje y en su lugar designó a James MacDonald,
fiscal adjunto a cargo de los expedientes de narcopolíticos mexicanos. Más claridad del
juego de Trump no puede darse.
Y debe quedar perfectamente bien procesada la amplia declaración de la zarina
antidrogas de la Casa Blanca, Sarah Carter, de que la fiesta contra narcopolítica mexicana
apenas comienza.
La tarea de Palenque para designar candidatos al 2027 no será un día de campo.

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Política para dummies: la política cumple el dilema del zorro y el erizo de Isaiah
Berlin.
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