Indicador político

Narcopolítica: ya van cuatro
gobernadores…, hasta ahora

Como en política no hay coincidencias, la información de Los Ángeles Times sobre
la presunta investigación en contra de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se debe
colocar en el cajón del caso Rocha Moya. Es cierto que se trató de una nota con varios días
previos de indagación, pero el timing político es el que vale: justo después del agresivo
discurso presidencial nacionalista en el Monumento a la Revolución.
No se necesitó un exabrupto digital del presidente Trump a un discurso de plaza
pública, ni tampoco de una contrarréplica del embajador Ron Johnson al regaño
presidencial en la mañanera del lunes. E independientemente de la presentación y validez
de las pruebas que se encontrarían detrás de la información del diario, la bala de plata
pegó en la diana del corazón de Morena: el gobernador Alfonso Durazo Montaño es nada
menos que presidente del Consejo Nacional del partido en el poder, un cargo de peso
diríase que hasta superior al de la nueva presidenta Ariadna Montiel Reyes.
El discurso de Trump de acusación a México como narcoestado lleva ya en su
cuenta la denuncia-revelación-acusación de –hasta ahora– cuarto gobernadores de
Morena: la bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila a la que le quitaron visa, el sinaloense
Rubén Rocha Moya con solicitud de arresto con fines de extradición, y ahora el sonorense
Durazo Montaño y el tamaulipeco Américo Villarreal. Y a ellos se suman dos altos cargos
de seguridad de Sinaloa, uno de ellos con grado de general divisionario y un secretario de
finanzas.
Los niveles políticos de cuatro gobernadores, un militar retirado y un operador
financiero son apenas la punta del iceberg de la estrategia del presidente Trump para,
desde el enfoque de su estrategia de seguridad nacional, revelar e intentar destruir la

estructura gubernamental de apenas una fracción del narcotráfico en México: la facción
de los chapitos del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, la organización delictiva y
criminal más importante y letal de las organizaciones que producen droga en México para
contrabandearla a Estados Unidos.
La revelación de Los Ángeles Times –uno de los periódicos de mayor credibilidad
en Estados Unidos– se encuentra en la lógica de la estrategia política estadounidense
anunciada a principios de este año por el presidente Trump. Los cuatro gobernadores
incluidos en investigaciones oficiales y uno de ellos con solicitud formal de arresto con
fines de extradición es apenas una parte de la estrategia de seguridad nacional de la Casa
Blanca y de una lista de más funcionarios.
A pesar de ser un político atropellado y a veces hasta imprudente, Trump ha
dejado clara una línea de acción astuta que tiene detrás la acumulación de evidencias
recogidas en México y sobre todo entregadas por la larga lista de narcos mexicanos que
han negociado reducciones en sus castigos a cambio de información no inventada y con
datos de verificación.
La respuesta mexicana ha sido de negación, es decir, políticamente reactiva, pero
la ofensiva estadounidense has seguido todo el camino legal para convertirse en denuncia
formal, aun cuando quizá algunos de los datos no puedan ser del todo verificables. Pero
cada expediente ha tenido que atesorar evidencias, testimonios y datos que han
atravesado instancias judiciales, incluyendo varias reuniones de un Gran Jurado para
probar –como lo reconoció la jueza Polk del caso Rocha Moya– la solicitud de arresto con
fines de extradición del gobernador Rocha Moya y nueve coacusados, de los cuales dos ya
se entregaron en Estados Unidos es un acto de confirmación de las acusaciones y de
entrega de información adicional a la obtenida por fuentes delictivas.
El caso de Rocha Moya ya no es una versión periodística, ni un rumor callejero,
tampoco un dato de venganza política local y menos un expediente vacío. Las fuentes
directas de la acusación contra Rocha Moya –que no aparece del todo en el expediente de
extradición– fueron Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo jefe de la producción de
fentanilo del cártel, y nada menos que Ismael El Mayo Zambada, quien se quedó al frente

del cártel cuando El Chapo fue arrestado y extraditado a EU. El Mayo considera que su
secuestro y entrega a fiscales de un fue una trampa y venganza del gobernador Rocha
Moya, y no ha escatimado revelación de evidencias en la Fiscalía de Nueva York para
probar que el mandatario está hundido en el narcotráfico hasta el copete.
El discurso la presidenta Sheinbaum el domingo en el Monumento a la Revolución
pareció haber quemado todas sus municiones de respuesta porque se centró sólo en el
caso de Rocha Moya, pero están apareciendo más evidencias de Baja California y por ahí
ha sido la ruta de escape de funcionarios mexicanos que se han entregado a la justicia de
EU y desde luego el expediente del gobernador sonorense que dirige el Consejo Nacional
del partido en el poder, y la sola revelación en el LA Times debe ser considerada una
metafórica bala al corazón del lopezobradorismo.

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Política para dummies: la política, como la venganza, es un plato que se come frío.
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