Indicador político

La narcopolítica como eje de la
seguridad nacional EU-México

A partir de la percepción en los casos de Irán y Gaza de que Donald Trump no
quiere una Tercera Guerra Mundial pero que no vacila en dejar indicios de que pudiera
tomar ese camino, la estrategia de la Casa Blanca con México en el tema de la
narcopolítica pudiera tener una explicación en el modo iraní.
La Casa Blanca decidió terminar su ofensiva en Irán sin haber cumplido el objetivo
prioritario de desaparecer a la civilización iraní de casi cien millones de personas y de
lograr el cambio del régimen teocrático a la democracia capitalista al estilo americano.
Estas metas eran imposibles de lograr, pero colocadas como objetivos finales adelantaron
posibilidades de mayores reformas sistémicas que algún tipo de acuerdo nuclear.
Trump liquidó la estructura teocrática de los ayatolás, afectó de manera
irreversible la capacidad de defensa y de ofensiva militar y debilitó a Irán en el Medio
Oriente, metas que el timorato Jimmy Carter no se atrevió siquiera usar como amenaza y
que el ligeramente guerrerista Ronald Reagan nunca pudo definir como una estrategia de
reestructuración inducida.
La amenaza reiterada del presidente Trump de que invadirá con tropas el
territorio mexicano sólo para destruir los nidos de los cárteles del narcotráfico que han
sido caracterizados por la Casa Blanca como narcoterroristas, en ningún momento se ha
planteado el objetivo directo de destruir el régimen populista lopezobradorista, cuando
menos no como objetivo central y sí como consecuencia lógica pero tampoco prioritaria.
Todos los ataques verbales y ahora judiciales de Trump han cumplido su objetivo
estratégico –que no militar– de probar su argumentación de que el régimen mexicano
actual morenista es un narcoestado y que los cárteles del narcotráfico gobiernan las

decisiones institucionales del Estado federal y de los estados federados, como se articuló
en el planteamiento formal de la solicitud de arresto con fines de extradición del
gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve coacusados.
A esta reconfirmación de que México es un narcoestado está contribuyendo la
respuesta defensiva del Gobierno mexicano para proteger a los diez acusados por Estados
Unidos, a pesar de que a las evidencias presentadas ante el gran jurado en Nueva York se
han incorporado en México aportaciones de medios y sectores políticos nacionales de que
efectivamente hubo pactos de gobernanza criminal o fusión de intereses del narco con los
sectores estatales del Estado federal y local y que sí se prefiguraba la caracterización de
narcogobierno cuando menos ahora en Sinaloa y pronto en cuanto menos otros cinco
estados que han reproducido la complicidad de gobernantes morenitas locales con los
cárteles correspondientes en sus áreas de influencia.
La reacción defensiva de protección a Rocha Moya y nueve coacusados colocó a su
alrededor un blindaje político-institucional que dejó malas impresiones, porque la primera
respuesta mexicana debió haber sido una verdadera fuga hacia adelante: renunciar a
Rocha Moya y nueve coacusados, encarcelarlos para revisar acusaciones en contra y ganar
tiempo para tener una estrategia de respuesta menos cómplice con los acusados que con
la sociedad de Sinaloa que se cansó de denunciar que el Estado le pertenecía a los
intereses del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada y después entrar
en disputa violenta con las facciones de los chapitos y de los mayitos, que todavía en las
últimas horas siguen causando estragos ante la pasividad gubernamental.
La protección institucional de Rocha Moya –que llegó el caso de colocarle escolta
de la Guardia Nacional que tiene las funciones de combatir al crimen organizado en la
localidad que se encarna en el Cártel de Sinaloa, en los chapitos y en los mayitos y que
fueron cómplices de Rocha– se convirtió a ojos de las autoridades estadounidenses y
desde luego de sectores mexicanos que han padecido anarquía violencia en una aura de
protección que dejó el mensaje de que bajo ninguna circunstancia –ni aún si se llegara a
probar fehacientemente su complicidad con el narco– se le aplicaría la ley de delincuencia
organizada, y las razones han quedado a la luz en la última semana: Rocha Moya es una

pieza política y de afectos personales del presidente emérito Andrés Manuel López
Obrador y su arresto con acusaciones probadas narcopolítica o su entrega a las
autoridades estadounidenses sería –y hay que entenderlo así– el camino directo al
desmoronamiento político del lopezobradorismo que se apresta a mantener y expandir su
poder en las elecciones federales y estatales de 2027 y en las presidenciales del 2030.
Para entender los escenarios de Trump en México en los próximos pasos hay que
seguir revisando la ofensiva contra Irán: perder ganando, aunque ganando mucho más de
lo que se hubiera ganado –valga el juego de palabras– con una guerra de exterminio en
Irán.

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Política para dummies: la política es un juego de estrategias, no una dinámica de
retóricas.
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