Indicador Político

Misma Corte subordinada,
pero no reforma del Estado

La vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación del régimen presidencialista priista
y prianista termina su largo ciclo sistémico y comienza la nueva vieja Suprema Corte de
Justicia de la Nación sometida al sistema presidencialista morenista. Los dos grandes
ciclos del Estado mexicano se han acomodado en disputas por la hegemonía y no han
intentado un esfuerzo de construcción de un verdadero Estado democrático con
equilibrio de poderes.
La Corte en el viejo-viejo régimen fue un apéndice del autoritarismo
presidencialista centralizador, absolutista y vertical, en tanto que la Corte en el nuevo-
viejo régimen reproduce exactamente los mismos vicios del Poder Judicial anterior. Los
perfiles disciplinados que ha mostrado el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar
Ortiz, son exactos a los que a los que presentaron todos sus antecesores.
La insistencia del bloque de poder morenista sobre el perfil indígena del próximo
jefe del Poder Judicial en nada ayuda a explicar si habrá o no un Poder Judicial apegado a
las leyes y a la Constitución actuales y no como un nuevo equipo judicial para los
indígenas, sobre todo si se revisa la historia y se comprueba que el derecho indígena era
machista, subordinado y elitista, además de religioso.
Las últimas reformas constitucionales distorsionaron la estructura de la sociedad
mexicana al introducir artículos que referían a los derechos indígenas, pero con una
Constitución formalmente criolla. Las comunidades mexicanas que siguen viviendo con las
reglas del México originario han impedido su modernización en tanto que tratan de
mantener reglas de usos y costumbres que no encuentran articulación en el
funcionamiento de las sociedades constitucionales criollas. Tan es así, que los intentos

frustrados y fracasados del EZLN en Chiapas hicieron que los criterios de seguridad y
justicia quedarán bajo el ámbito de competencia de las procuradurías locales y la federal.
El viejo modelo priista-prianista de Suprema Corte reventó por la falta de pericia y
malos asesoramientos de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, sobre todo
porque supuso que había llegado a la presidencia de un Poder Judicial autónomo en una
supuesta democracia. Y por falta de sensibilidad política, la ministra Piña puso a la Corte
en línea de confrontación directa con el presidencialismo absolutista, verticalista y en
modo típicamente priista de Andrés Manuel López Obrador.
La Suprema Corte sufrió varios ajustes y reestructuraciones sin tener el objetivo de
colaborar en la reconstrucción de un Estado con instituciones verdaderamente
democráticas, sobre todo porque se reestructuró el aparato burocrático del Poder Judicial
y no se implementó la democratización real a la estructura presidencialista del Estado
mexicano.
A la ministra Piña Hernández le faltaron sensibilidades políticas y de ejercicio del
poder para entender primero que la Corte era un poder subordinado al absolutismo
presidencial y que no podía ejercer autonomías también absolutas si su existencia
dependía de las mayorías partidistas en el Ejecutivo y el Legislativo.
Aquellas imágenes de la ministra Piña Hernández permaneciendo sentada a la
llegada del presidente de la República a un evento de recordatorio constitucional y luego
los No de la Corte a reformas prioritarias que formaban parte del objetivo central del
bloque lopezobradorista fueron errores sistémicos que encasillaron a la Corte y a sus
ministros y perdieron sus relaciones de poder con la nueva mayoría partidista.
Todos los presidentes de la república llegaron al poder con decisiones de
reestructuración del sistema que tenían que pasar por el Poder Judicial, pero en esas
circunstancias hubo una Corte sometida y subordinada al presidencialismo absolutista; la
corte de la ministra Piña Hernández se encerró en su Camelot judicial y tuvo a los
ministros afines en la mesa redonda de confrontación –no de negociación– con el
Ejecutivo lopezobradorista.

En ese contexto, siempre fue obvio que López Obrador haría hasta lo imposible
para modificar la estructura interna de la Suprema Corte a partir de que los rechazos a sus
reformas en el Poder Judicial afectaban la reforma estructural del Estado que como
presidente de la República iba a cumplir como anteriores mandatarios.
En este sentido, la responsabilidad en modo de culpa de la destrucción del Poder
Judicial como contrapeso del presidencialismo absolutista la debe asumir la ministra Piña
Hernández porque creó las condiciones de falta de negociación y diálogo entre dos
poderes –el Ejecutivo y el judicial– para un entendimiento que ayudará a los objetivos de
ambas instancias institucionales.
Sin legiones legislativas ni partidos afines, la ministra Piña Hernández puso la Corte
frente a una locomotora presidencial a toda velocidad que la atropelló sin piedad. Y ahora
la sociedad democrática mexicana padecerá retroceso institucional en el Poder Judicial en
modo indigenista.

-0-

Política para dummies: La política es la disputa brutal por el poder, no la
asignación teórica de intereses.
Tik Tok y Pregúntale a Carlos Ramírez en http://elindependidente.mx
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del
periódico que la publica.
[email protected]
http://elindependiente.com.mx
@carlosramirezh