Indicador Político

La narcopolítica mexicana,
en amenazas militares de EU

Si se buscará el hilo que pudiera desenredar la estrategia de la Casa Blanca hacia
México, habría cuando menos dos elementos para tomar en cuenta: la crisis de 1984-1985
por la deuda externa, Centroamérica y el narco y la negativa de los gobiernos del
presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum Pardo en el tema que en
Washington lo tienen ya procesado como narcopolítica mexicana.
Uno de los principales avisos de la Casa Blanca sobre la agudización de los
problemas con México en materia de narcopolítica fue la decisión unilateral de la versión
estadounidense de la unidad de inteligencia financiera –allá conocida como FinCEN– para
sancionar a tres empresas mexicanas que desde las evaluaciones estadounidenses
estarían lavando dinero del Cártel de Sinaloa. El dato mayor estuvo la inclusión en esa
lista de Casa Vector, del financiero Alfonso Romo que había sido coordinador de
empresarios de la campaña de López Obrador y luego asesor principal en Palacio Nacional.
El otro llegó de manera indirecta: Estados Unidos se quejó de que México no
estaba atacando el espacio muy importante de lavado de dinero del narco porque en la
Unidad mexicana de Inteligencia Financiera estaba Pablo Gómez Álvarez, ya identificado
por currículum público como un político procedente del viejo Partido Comunista
Mexicano 1968-1989. Algunas voces comentaron que poner un comunista en una oficina
que debía de tener relaciones directas con el sector más capitalista de Estados Unidos no
era un buen mensaje, pero la respuesta enfatizó el papel de Gómez en el primer círculo
lopezobradorista.
Después de explorar todos los caminos y de no recibir informaciones ni decisiones
para desarticular el poder criminal, de drogadicción y político sobre todo del Cártel de

Sinaloa, el presidente Trump tomó públicamente una decisión que ya había asumido en
privado: imponer la seguridad nacional americana e incorporar al Ejército estadounidense
en operativos territoriales en México contra el Cártel de Sinaloa y sus laboratorios de
producción y contrabando de fentanilo.
No se tiene claro si por decisión propia o por filtración inducida, el sábado pasado
el The New York Times colocó el cerrojo a la estrategia estadounidense de atacar en
México a los cárteles mexicanos con la difusión de un reportaje –-obvio: trabajado con
días o semanas de antelación, pero con un muy certero sentido de oportunidad política–
en el que se denunciaba que el Cártel de Sinaloa seguía produciendo fentanilo en Sinaloa
y también continuaba contrabandeando a Estados Unidos.
Esta fue la información que esperaba la Casa Blanca para salir con un argumento
muy a la mexicana: “ya ven, se los dije, los narcos siguen estando protegidos en México”.
Y ahora lo que falta es la dimensión de la puesta en marcha de la determinación operativa
en la estructura del Gobierno de Estados Unidos de atacar con el aparato militar
americano a los laboratorios y lugares en México donde se produce y se contrabandea el
fentanilo. Aquí queda por descontado el hecho de que en Washington no tuvieron mucho
interés en los decomisos de millones de litros de huachicol porque esta gasolina robada
no es ingerida por los adictos americanos.
Desde 2016 Trump puso en la mira a México en el tema de la narcopolítica y en su
primera presidencia le preguntó a su secretario de Defensa lo que ocurriría si Estados
Unidos le declarara la guerra de México por el narcotráfico y a otro secretario de Defensa
le pregunto si podría lanzar un misil sin identificación oficial sobre los lugares ya
identificados por drones de inteligencia en zonas de Sinaloa donde se cocinaba el
fentanilo.
Al arrancar su segundo gobierno, el mismo día de su toma de posesión, Trump
decretó a los cárteles del narcotráfico mexicano como narcoterroristas y elevó a decisión
de estrategia militar de seguridad nacional los objetivos físicos sobre todo y por ahora en
Sinaloa donde EU tiene identificados los laboratorios productores de droga. Y antes de
dar a conocer una “directiva secreta” –que hay varias– para autorizar al Ejército

estadounidense a atacar posiciones mexicanas de los cárteles, el Departamento de Estado
aumentó la recompensa por el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro a 50
millones de dólares y señaló oficialmente que cuando menos dos cárteles venezolanos
estaban aliados al Cártel de Sinaloa.
La carta del presidente del 11 de julio dejó claro, además del punto que tenía que
ver con pequeños proteccionismos comerciales mexicanos, dos advertencias que se
referían concretamente al tema del narcotráfico y reiteró el señalamiento de que México
nada ha hecho para destruir la infraestructura criminal, física, productiva y política del
Cártel de Sinaloa, mientras que EU ya exprimió información de inteligencia a los jefes de
esta organización criminal.
Después de los bombardeos de Trump a laboratorios nucleares en Irán que
presuntamente estaban produciendo armas nucleares, la amenaza de EU de usar a su
Ejército contracarriles en territorio mexicano debe ser tomada en cuenta.

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Política para dummies: La guerra –otra vez Clausewitz– es la política por otros
medios.
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