Indicador Político

EU cierra cerco de seguridad
por 2 abril: exige narcocabezas

Mientras la estrategia de seguridad mexicana entró en una especie de impasse
después del regalo de 29 narcos que estaban siendo procesados, en Estados Unidos se
han intensificado actividades y presiones sobre México a partir de la exigencia de que se
deben de destruir fortificaciones físicas de cárteles en México sobre todo arrestar a
presuntos funcionarios vinculados por la protección institucional de cárteles.
Los altos funcionarios que rodean el Palacio Oval de Mar-a-Casa Blanca no han
bajado de sus discursos ni el tono ni la referencia a México como un narcoestado. La falta
de persecución contra el Iván Archivaldo Guzmán López y la muy fuerte estructura del
Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco parece estar enfriado en los planes operativos.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha parecido construir un cerco alrededor
de México a la espera de algún golpe espectacular contra las zonas físicas de los cárteles
de Jalisco y Sinaloa: barcos espías en la zona del Pacífico y ahora en el Golfo de México,
aviones espías en la zona norte y en la frontera sur de Chiapas y cerca de Palenque,
utilización de la tecnología de la CIA para espiar zonas territoriales de narcos, boinas
verdes y marines enviados a la Secretaría de Marina-Armada de México para entrenar a
mexicanos, pero desconociendo que tanto Marina como Defensa tienen alta capacidad
autónoma y técnica para haber mantenido muy aceitada su maquinaria de seguridad
pública, inclusive suficiente para enfrentar a cualquiera confrontación directa con
malandrines.
Junto a ello, altos funcionarios del entorno central de Mar-a-Casa Blanca siguen
manejando un lenguaje de acusaciones a México de presuntas protecciones oficiales a los
cárteles del narcotráfico: el presidente Trump, su consejero de seguridad nacional, las

oficinas de la CIA, el secretario de Estado, la secretaria de Seguridad Interior y la secretaria
de Justicia-Fiscal General están esperando golpes espectaculares de México contra
instalaciones del narcotráfico y el arresto de funcionarios presuntamente señalados como
protectores de los capos de la droga.
La fecha fatal del 2 de abril fue fijada como un segundo aplazamiento de la
decisión personal del presidente Trump de lanzarse contra narcos en México y para ello
tiene pendiente la aplicación de 25% de aranceles no por irregularidades en el comercio
exterior sino como castigo a México por su presunta protección al narcotráfico, dentro,
han señalado algunos analistas que razonan estos comportamientos de los funcionarios
americanos, de la lógica de que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador
de “abrazos, no balazos” no disminuyó la producción ni contrabando de droga a EU sino
que posibilitó el fortalecimiento de los cárteles de la droga.
Atrapada en una pinza de fuertes presiones políticas, la estrategia de la presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo hasta tratado de encontrar decisiones que bajen la tensión
estadounidense con mayores decomisos de fentanilo y persecución de narcos menores y
al mismo tiempo se sigue moviendo con cada vez más estrechos espacios políticos en la
herencia lopezobradorista de no perseguir capos aunque al costo de fortalecerlos.
De acuerdo con percepciones de analistas estadounidenses, México parece
decidido a no aprobar operaciones espectaculares para detener capos y destruir
fortificaciones del narcotráfico y pagará el costo del 25% de aranceles el 2 de abril con
medidas de resistencia que disminuyan un poco los efectos recesivos de las tarifas que
encarecerán las exportaciones así Estados Unidos, el 90% del comercio exterior mexicano.
La justificación mexicana desde luego que no convence a los estrategas
estadounidenses: argumenta México que cualquier operativo especial y drástico contra
cárteles y capos generaría reacciones violentas de respuesta que resumen en aquel
incidente de octubre de 2019 que se definió como el culiacanazo, cuando la capacidad de
amenaza de violencia total en Culiacán y el uso de camiones bomba en estacionamientos
de zonas habitacionales de familias militares llevó a la decisión personal del presidente
López Obrador de autorizar la liberación dos Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y jefe

del área de fentanilo del cártel, quien había sido arrestado por fuerzas de seguridad para
extraditarlo a Estados Unidos.
La decisión personal del presidente López Obrador es una variable que se
encuentra en todos los análisis y evaluaciones de la crisis de seguridad en México en los
llamados mexican desk u oficinas encargadas de procesar informes sobre México para
aprobar planes operativos.
Rodeado por barcos y aviones espías por las cuatro fronteras, Palacio Nacional
tendrá que decidir antes del 2 de abril si se lanza con todo contra fortificaciones de
cárteles y narcopolíticos o mantienen la misma estrategia y aguanta los castigos
arancelarios.

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Política para dummies: la política sirve hasta cuando no sirve.
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