Indicador Político

Nos faltan 111,878

La cifra no es menor: faltan 111,878 mexicanos que tienen la condición de
desaparecidos de 1990 a mediados de marzo de 2025. La desaparición de personas en
México fue una de las tácticas o técnicas de la estrategia contrainsurgente del Gobierno a
partir de las asesorías de la seguridad estadounidense a las fuerzas mexicanas de policías
políticas y ahora son comportamientos del crimen organizado.
Los desaparecidos en los últimos 19 años –desde el comienzo de la guerra de
Calderón contra el crimen organizado en 2006– fueron denunciados por sus familiares,
pero sin encontrar ninguna respuesta gubernamental en su momento; los mecanismos
oficiales funcionaron con una intolerante falta de empatía con quienes denunciaban que
algunos de sus familiares se habían disuelto en el aire sin saber si por accidente o por
delincuencia.
El activismo de las madres buscadoras llegó hasta Palacio Nacional en el sexenio
anterior y se encontraron con un presidente López Obrador intolerantemente sordo a las
denuncias y reclamos e inclusive –con el aplauso de sus seguidores– hasta groseramente
reactivo. Calderón y Peña Nieto tampoco resolvieron los problemas, pero fueron menos
agresivos con las denuncias y desviaron los reclamos hacia instancias burocráticas.
Los datos más significativos del recuento del grupo TResearch Internacional son
contundentes: los desaparecidos denunciados durante los sexenios de Calderón y Peña
Nieto –doce años– sumaron 51,611, en tanto que en la gestión sexenal de López Obrador
las cifras fueron de 52,565.
Los números por sí mismos estaban revelando un gravísimo conflicto de
inseguridad social dentro de la crisis de la seguridad pública en los tres sexenios en los que
se desarrollaron estrategias presidenciales personales de enfrentamiento a las bandas y

desde luego tomando en cuenta las denuncias de los estragos colaterales a la delincuencia
organizada y/o vinculada al narcotráfico.
Los expresidentes Calderón, Peña Nieto y López Obrador terminaron su sexenio,
los dos primeros hoy en situación de virtual exilio político ante el temor de que el
cuatroteísmo les finque responsabilidades penales y los remita a prisión preventiva
oficiosa, y el expresidente tabasqueño asumió por sí mismo un exilio interno en el Palacio
de Invierno de Palenque –hasta donde le han llegado los aplausos promovidos por la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo–, pero ninguno de los tres ha sido sometido a
indagatoria siquiera formal para deslindar responsabilidades.
Los tres expresidentes, desde luego, no son responsables de haber desaparecido
los ciudadanos, pero los tres tienen que rendir cuentas sobre el incumplimiento de sus
funciones de estabilidad nacional y dentro de ellas la obligatoria de proteger a los
ciudadanos y sus derechos. Los desaparecidos son, podría decirse, no-ciudadanos.
Si los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa construyeron un discurso de reclamo
social que giró en torno al grito de “¡nos faltan 43!”, los familiares de los desaparecidos
están clamando con un grito más estentóreo: “¡nos faltan 111,878!”
El reclamo mayor se está dando contra la cifra de 52,575 desaparecidos durante el
gobierno del presidente López Obrador y la exigencia tiene que ver con el hecho de que
esas ciudadanos que existen en el papel pero no en la realidad fueron víctimas de la
estrategia de seguridad que permitió el funcionamiento abusivo de los grupos delictivos
dentro de México bajo el argumento político oficial –así lo declaró el presidente López
Obrador al tomar posesión– de que la estrategia de no perseguir narcos iba a permitir que
“no en seis meses, ni en tres, sino al día siguiente” del inicio del Gobierno los delincuentes
cambiarían las armas y las drogas por los instrumentos de labranza del campo.
Todas las investigaciones que se deban realizar para buscar a los desaparecidos
deben de incluir en sus evaluaciones las responsabilidades de funcionarios públicos que
debieron de encargarse de la persecución y acusaciones de responsabilidades penales
contra los delincuentes, pero al mismo tiempo desde el principio del sexenio anterior y en
función de la herencia de Calderón y Peña Nieto, la estrategia de seguridad de López

Obrador debió de haber incluido nuevos criterios que profundizaran investigaciones para
encontrar los desaparecidos en esos dos sexenios anteriores y al mismo tiempo incorporar
a la estrategia de “abrazos, no balazos” algunos mecanismos para impedir la impunidad
de las bandas delictivas que con la mano en la cintura desaparecieron a más de 52,000
personas.
Nada dibujó más la impunidad criminal y la pasividad gubernamental que las
madres buscadoras por sí mismas y con pala en mano se pusieron a escarbar en la
República buscando tus restos de sus familiares, y con ello la circunstancia agravante de
que Ceci Flores le fue a entregar al presidente López Obrador a Palacio Nacional una pala
especia para que también se convirtiera en buscador y la resouesta fue de desdén: ”que la
deje”.

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Política para dummies: la política no sirve si no respeta ni defiende la vida
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