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Indicador Político
Narcoterrorismo, Boinas Verdes,
cárteles cuasigubernamentales
Aunque hasta ahora no se prevé en la Casa Blanca la decisión unilateral de invadir
militarmente a México para destruir instalaciones dedicadas al narcotráfico, el envío del
primer grupo de Boinas Verdes del 7TH regimiento forma parte de una movilización
integral del Gobierno de Estados Unidos para estrechar el cerco al gobierno mexicano en
materia de seguridad que también estaría involucrando corrupción y Estado de derecho.
Los dos altos funcionarios mexicanos que viajarán a Estados Unidos para una
primera reunión de seguridad –Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard Casaubón– llevan
en sus expedientes dos pronunciamientos clave que la Casa Blanca les va a releer a la
menor provocación: la declaración del presidente de Trump del 1 de febrero en la que
señaló que “las organizaciones de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el
Gobierno de México” porque “el gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros a
los cárteles para que se dedican a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos
que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas
estadounidenses”.
Pero tampoco se debe desdeñar la declaración presidencial de Trump del 20 de
enero, horas después de jurar el cargo, para decretar de manera oficial que los cárteles
mexicanos serán designados como terroristas en un plazo que vencería esta misma
semana. En este documento oficial, la Casa Blanca establece que “en ciertas partes de
México (los cárteles) funcionan como entidades cuasigubernamentales, controlando casi
todos los aspectos de la sociedad”.
El eje de la doctrina imperial de Estados Unidos radica en la definición institucional
de que el principio rector del funcionamiento gubernamental americano es la defensa de
la seguridad nacional. En este contexto, el presidente Trump –de manera oficial– declara
una emergencia nacional para hacer frente a las amenazas que representan los cárteles y
otras organizaciones trasnacionales para su seguridad nacional. Ese 20 de enero, Trump
anunció “la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en Estados Unidos
y su capacidad para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de los Estados
Unidos a través de sus estructuras extraterritoriales de mando y control.»
La Casa Blanca dejó entrever el uso de todo el instrumental de seguridad para –en
palabras oficiales– “borrar a los cárteles de la faz de la tierra”. Trump ordenó que 14 días
después de ese 20 de enero la fiscal general y la Secretaría de Seguridad Nacional
deberían tomar medidas apropiadas para hacer “preparativos operativos con respecto a
la implementación de cualquier decisión que tome para invocar la ley de enemigos
extranjeros” y a partir de ahí EU tendrá el derecho de señalar “la existencia de cualquier
invasión calificada o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos por
parte de un actor calificado (los narcos extranjeros)”.
Estos dos documentos señalan con claridad que Estados Unidos no va a negociar
con México ni plazos ni facilidades y que en la reuniones bilaterales estarían anunciando
operativos de persecución contra cárteles mexicanos dentro de EU que ya han sido
identificados desde 2005 por la DEA y que solo estaban esperando la decisión de Estado
para la desarticulación de esas organizaciones.
Pero una lectura en clave de seguridad nacional de estos dos documentos están
revelando lo que México no ha querido centralizar en su política de seguridad: el hecho
real de que EU considera que las organizaciones del narcotráfico han sido toleradas por
los últimos gobiernos mexicanos, a pesar del arresto de muchos de sus dirigentes y su
extradición a cárceles americanas, pero que esas acciones de seguridad de ninguna
manera han reducido la capacidad de los cárteles mexicanos en México para producir
droga que es casi en su totalidad se destina por contrabando a los adictos
estadounidenses.
La presencia de los primeros Boinas Verdes del 7TH regimiento en México –grupo
militar de donde viene el embajador de Trump–, que ya fueron autorizados por el Senado
mexicano, estaría orientada a labores de capacitación y entrenamiento por la Marina-
Armada de México en materia de crimen organizado.
La invocación y toma de decisiones en función de la ley de poderes económicos de
emergencia internacional por parte de Estados Unidos es el anuncio de la puesta en
marcha en la Casa Blanca de un enfoque de extraterritorialidad en la lucha contra los
cárteles del narcotráfico y representa una decisión unilateral que obligará a México a
sumarse a ese enfoque.
Así que la primera reunión de seguridad no será un día de campo.
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Política para dummies: la política, de nueva cuenta recurriendo a Hobbes, sin
espada no llega a ningún lado.
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