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QUERÉTARO, Qro., 17 de junio de 2025.- En una firme postura por la defensa de los principios democráticos, Abigail Arredondo, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro y diputada federal, anunció la presentación de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, esto con el objetivo de impugnar la elección judicial celebrada el pasado 5 de junio.
Acompañada por integrantes de la dirigencia estatal priista, la presidenta subrayó que esta acción no representa un acto de confrontación, sino un llamado responsable para defender la legalidad, la equidad en las contiendas y el voto libre, pilares fundamentales de cualquier proceso democrático.
Además de denunciar irregularidades graves y sistemáticas que marcaron la jornada electoral, entre ellas la distribución masiva de los llamados acordeones,(listas de candidatos), que fueron entregados clandestinamente, entre beneficiarios de programas sociales y en instalaciones públicas, pues se identificaron al menos 37 modelos distintos, con coincidencia del 80 al 85 por ciento, con los resultados electorales finales, lo que, dijo, evidencia una estrategia nacional de manipulación e inducción al voto.
Arredondo también señaló, que el INE reconoció tanto anomalías significativas, como la anulación de 3.7 millones de votos en 818 casillas, por conductas atípicas como: boletas sin doblez, votos idénticos, o participación inverosímil. Ejemplificó casos como una casilla en el estado de Michoacán, que reportó más votos que electores registrados, así como casillas en Chiapas con una participación superior al 100 por ciento.
Otro aspecto preocupante fue la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 13 por ciento, lo que en palabras de la dirigente, refleja la desconfianza social, el ambiente de inseguridad y la falta de condiciones para emitir un voto libre e informado, comprometiendo así la legitimidad del proceso.
Razones por la cuales, el PRI solicitará la nulidad de la elección judicial, exigiendo su reposición bajo condiciones de legalidad, equidad y transparencia. Por lo que la dirigencia no descarta acudir a instancias internacionales, como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, para hacer valer los tratados internacionales que garantizan elecciones libres y auténticas.