Impactará ley contra deudores alimentarios a menos del 0.7 % de hombres

QUERÉTARO, Qro., 1 de julio de 2023.- Quienes ejercen la política deben ser ejemplo, esa fue la consigna a partir de la cual presentaron diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente la iniciativa que obliga a que, para ocupar cargos públicos, se debe haber cumplido con las obligaciones de pensión alimentaria y no estar catalogada como persona morosa.

La iniciativa propone impedir que ocupen un cargo público quienes son deudores alimentarios, modificación de impacto para los políticos, si se toma en cuenta que están cercanas las contiendas electorales del 2024 y les frenaría su aspiración a ocupar un espacio en las instancias gubernamentales.

Para analizar el impacto que la propuesta tendría para la población en general, se debe tomar en cuenta que uno de los municipios con mayor densidad poblacional en el estado es el de Querétaro, con 1 millón 49 mil 77 habitantes de los 2 millones 368 mil 467 que hay en la entidad. De los habitantes de la capital, 514 mil 589 son hombres, 535 mil 188 son mujeres.

Para el 2020 la administración municipal informó que contaba con 5 mil 727 servidores públicos, de los que 39.2 por ciento eran mujeres y 60.8 por ciento hombres, es decir, alrededor de 3 mil 482 trabajadores son hombres.

Al comparar la proporción se tiene que únicamente el 0.67 % de los hombres que habitan en la capital queretana laboran al interior de la administración municipal.

Cabe recordar que nivel federal también se generaron esfuerzos para combatir la problemática, el 7 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a través del cual se establecen diferentes elementos, entre ellos crear un Padrón de Deudores Alimentarios, sin embargo, la legislación no establece la obligatoriedad de los estados a crear un padrón propio, sí establece que deben alimentar la información nacional.

Otro de los temas que no contempló esa legislación fue entregar presupuestos para que las entidades ejerzan las modificaciones que se necesitarán.

En contraste con esas acciones nacionales y estatales, activistas exigen de los gobiernos que se establezcan padrones estatales de consulta pública con la información de los deudores.

Demandan que para alimentar ese padrón se deben emplear a la Unidad de Inteligencia Financiera, que será responsable de verificar tanto cuenta bancaria como propiedades de quienes rechazan cumplir, como de sus familiares y amigos.

Explicaron que una práctica común es que digan carecer de recursos, pero en la vida real se valen de otras personas para ocultar sus ingresos, lo cual regresa a que, aun cuando sería de un impacto universal, la legislación federal se aprobó sin destinar una partida financiera para aplicarla.