Existen 10 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes de Tijuana

Baja California, 7 de octubre 2021.- Más de mil cruces blancas de madera indican los puntos donde hay fosas comunes en el panteón número 13, en Tijuana, Baja California. 

Es el reflejo de la grave crisis forense que se vive Baja California. De acuerdo con cifras oficiales, 10 mil 122 cadáveres sin identificar han sido sepultados del 2010 a junio del 2021, en los 13 campos santos del estado.

El panteón 13, se localiza en la colonia Villas del Campo, en la parte alta de un cerro; una zona de difícil acceso a la que solo se puede llegar en vehículo.

Cada cruz blanca tiene un número de identificación, en un intento de las autoridades por darles una identidad a los que no tienen nombre. 

Los restos son apilados en las fosas, unos sobre otros, en bolsas especiales para cadáveres y en algunos casos en bolsas negras de plástico.

«Hay desde 20 cuerpos en cada fosa hasta lo mínimo, lo mínimo son de 10 a 12 cuerpos en cada fosa», narró Angélica Ramírez, del colectivo Una Nación Buscándote.

La mayoría de las fosas comunes están semiabiertas, al observar en su interior se aprecian bolsas para cadáveres de los cuerpos que fueron rescatados recientemente y bolsas rojas con desechos médicos, como guantes de látex, cubrebocas y los trajes de protección utilizados por los forenses.

«Esto, para nosotros es algo indignante, cómo se sigue tratando a estas fosas; sabemos que ya la ley protege mucho a estas personas en calidad de desconocidas, pero desafortunadamente en Baja California siguen pasando estos atropellos, y sigue la fiscalía y el gobierno no queriendo reconocer los derechos de un panteón ministerial», agregó Angélica Ramírez.

La ley general de víctimas y la ley general en materia de desaparición forzada, prohíbe desde el 2015, las fosas comunes.

Cuando un cadáver es ubicado en una fosa común y reclamado, sus familiares pagan a un sepulturero para que realice la extracción de los restos. Hasta 80 mil tienen que invertir para recuperar a su ser querido, porque las autoridades de Baja California no destinan recursos para inhumaciones. 

«No hay dinero ni para eso, el dinero que es para sacarlos es muy poco porque la verdad nos cobran 2 mil 500 por cada cuerpo sacarlo de aquí; depende el nivel es el dinero que se tiene que pagar para sacarlos», reclamó Angélica Ramírez.

Y cuando no hay recursos, las familias de las víctimas acuden a los colectivos, cuyos integrantes terminan cavando con sus propias manos las fosas para inhumar los restos. 

«Nos tocó a cuatro de nuestras compañeras sacar siete cuerpos porque uno de ellos era el de nuestra compañera, sacamos siete cuerpos y el hijo de mi compañera Paty, con nuestras propias manos».

En un intento por paliar la crisis forense, el Poder Judicial del Estado, que tiene bajo su tutela la morgue, adquirió una caja de tráiler de refrigeración donde actualmente hay alrededor de 160 cuerpos «NN», según estimaciones de los colectivos, que aseguran que la mayoría están identificados, pero no pueden ser entregados a sus familiares porque no hay recursos para practicarles exámenes de ADN.

En 2015 surgió la primera crisis forense en Baja California, cuando las instalaciones de la morgue se saturaron de cuerpos no reclamados, los restos no cabían en los refrigeradores y fueron colocados en el piso, la sangre de los cadáveres corría a chorros al drenaje y la peste a descomposición se percibía cuadras a la redonda.

Con información de Milenio Diario