Exige CNDH indagar allanamiento contra la periodista Lydia Cacho

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2019. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el allanamiento del domicilio de la periodista Lydia Cacho, en Puerto Morelos, Quintana Roo, y demanda a las autoridades de procuración de justicia de esa entidad agotar las líneas de investigación correspondientes, con especial énfasis en la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de los derechos humanos, al tiempo que se solidariza con quienes ejercen el periodismo y se dedican a la defensa de los derechos fundamentales en ese estado.

Para esta Comisión Nacional se trata de un hecho altamente preocupante, ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo y material periodístico, fueron destruidas diversas pertenencias, además de que mataron a una de sus mascotas.

Cabe mencionar que en julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó al Estado mexicano por violar los derechos de la periodista en 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo y trasladada al estado de Puebla acusada del delito de calumnia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.

La CNDH puntualiza que la violencia contra periodistas ha obligado cada vez con mayor frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias, como lo demuestra el hecho de que al menos diez de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones para su retorno o para su integración plena en un nuevo lugar de residencia.

Este Organismo Constitucional Autónomo recuerda a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso del derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición.

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