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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo de 2025.- Actualmente, 22 estados en México permiten la interrupción legal del embarazo, ya sea a través de procesos legislativos locales o mediante acciones de inconstitucionalidad. Donde sí se permite es en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Nayarit, Tabasco y Yucatán. En México, la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción ha sido un tema controvertido y ha generado debates legales y constitucionales en varias entidades federativas.
Algunas constituciones locales establecen la protección de la vida desde la concepción, mientras que otras han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que vulneran derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, la igualdad de género y el acceso a la salud. La SCJN ha intervenido en varios estados, como Aguascalientes, Nuevo León, Veracruz, Baja California y San Luis Potosí, declarando inconstitucionales las disposiciones que protegen la vida desde la concepción.
En los estados donde no se ha despenalizado el aborto son Guanajuato, Querétaro, Durango, Morelos, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, y Nuevo León. El año 2024 siete estados se sumaron a la lista de entidades que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
De acuerdo con un dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, respecto a tres iniciativas que plantean la despenalización del aborto en esa entidad federativa, existe una gran variabilidad en la tipificación del delito de aborto en los códigos penales de los estados, de manera general, los estados aplican sanciones más severas en casos de aborto forzado o sin consentimiento, especialmente cuando se emplea violencia física o moral.
Aunque la SCJN ha establecido que las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales; la implementación y el acceso a servicios de aborto seguro aún varían entre los estados, lo que refleja desafíos en la aplicación efectiva de estas decisiones judiciales.
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