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QUERÉTARO, Qro., 21 de mayo de 2021.- Permitir la entrega de tarjetas con beneficios futuros, como estrategia en las campañas políticas, fue un error por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró Pamela San Martín Ríos y Valles, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Compartió a AM de Querétaro que este asunto se discutió dentro del Consejo General del INE en las campañas por las gubernaturas de dos entidades en 2017.
Detalló que se valoró la legalidad de la distribución de tarjetas por parte del priista Miguel Riquelme durante el proceso electoral en Coahuila; en este caso, comentó, los consejeros del Instituto coincidieron en que esta práctica era indebida. Por otra parte, agregó, los miembros del INE difirieron y no sancionaron las ‘tarjetas rosas’ que surgieron con Alfredo del Mazo en la contienda del Estado de México. Sin embargo, Pamela San Martín puntualizó que el TEPJF revocó la decisión tomada con respecto a Coahuila.
“Yo creo que fue un gran error por parte del Tribunal Electoral (…) Lo que están generando es esa promesa de un beneficio a personas determinadas en caso de resultar ganador un candidato en particular. Yo estoy convencida de que eso era indebido y debió ser sancionado”, explicó Pamela San Martín.
Explicó que ofrecer un beneficio y generar un padrón de personas podría considerarse como compra de votos, lo cual está prohibido por la Constitución, subrayó la otrora consejera.
“Desde que se genera la oferta de votar en un determinado sentido y haya un determinado ganador, se obtendrá algún beneficio y esto se materializa en el padrón de beneficiarios, porque hay una lista directa que señala quiénes se beneficiarían por ese triunfo”, expresó.
Más allá de que los delitos en materia electoral no sean sujetos de una fianza, la exconsejera consideró que se debe combatir la impunidad; de lo contrario, no habrá conducta inhibitoria y no se garantizará una elección limpia.
“En tanto nunca se sancione una conducta delictiva, no existe ningún incentivo para que no se cometan ese tipo de conductas y el catalogarlo como un delito grave que amerita prisión preventiva no cambia el problema de impunidad que tenemos en México”, destacó la experta.
La investigación de los delitos que se denuncian y el seguimiento que se les da a los mismos es clave para mejorar el sistema de procuración de justicia, y por ende, el combate contra los delitos electorales. “Lo que me parece que es más relevante es que se mejoren los sistemas de procuración de justicia para que los delitos que se denuncian sean investigados y si se acreditan sean sancionados”, declaró San Martín.