CIUDAD DE MÉXICO, 24 de mayo de 2020. — Como en cualquier otra parte del mundo, en México la crisis económica producto de la emergencia sanitaria afectará más a quienes menos tienen. Organismos nacionales e internacionales calculan que, como producto de la pandemia, entre 9 y 12 millones mexicanos y mexicanas en el país caerán en la pobreza próximamente.

Estos se añadirían a la ya de por si preocupante cifra de 61.1 millones de pobres por ingresos (48 por ciento de la población total) que según Coneval (2018) no pueden adquirir siquiera la canasta alimentaria, ni bienes y servicios básicos.

En un artículo de María Amparo Casar para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a diferencia de otros países que además de apoyos directos a la población más desposeída han implementado diversas medidas dirigidas a la supervivencia o apoyo a empresas de todos tamaños para que puedan preservar el empleo, el gobierno ha decidido mantener básicamente inalterado su programa de gobierno: continuar sus programas prioritarios anunciados desde diciembre de 2018, mantener sus proyectos de infraestructura y proseguir con sus programas sociales de bienestar.

Aparte de esto, ha anunciado el adelanto (lo cual implica descontar después) de dos bimestres de la pensión universal de adultos mayores y discapacitados, reforzar  los programas sociales de Tandas al Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro (sin presupuesto adicional) y fortalecer la política de austeridad. La única nueva medida ante la crisis del Covid 19 ha sido la de ofrecer 2 millones de créditos a la palabra a pequeñas empresas y negocios informales cada uno por 25,000 pesos. Este apoyo no tendría costo fiscal pues es un crédito pagadero en un plazo de tres años y con tasa de interés del 6 por ciento pero ante la magnitud de la crisis la medida resulta francamente insuficiente. 

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