En el lavadero

La opinión pública se regocija en la crónica sobre las faltas de los personajes de la política. No es tanto su singularidad, sino su condición humana. Como señalara James Maddison al razonar el diseño del sistema político norteamericano y el régimen de división de poderes, los seres humanos no son ángeles y de allí la necesidad de un gobierno de pesos y contrapesos. En realidad, todo sistema debe que considerar las debilidades de las personas: el poder, el dinero y la obsesión de tener siempre la razón. El sistema democrático apuesta a las reglas y a las instituciones, no a personas.

Que el hijo de un presidente que ha presumido pobreza como forma de ser lleve una vida desmedida merecerá la atención pública precisamente por la distancia entre lo que se hace y lo que se predica. López Obrador quien llegó al poder y destruyó buena parte de las instituciones del régimen político anterior bajo el argumento de que se trataba de acabar con la corrupción, la sanción de la maledicencia se hace presente cuando él, los suyos y sus colaboradores no siguen la prédica moral que suscriben e imponen. El país quedó en el peor mundo, sin instituciones y con corrupción; de esta manera la hipocresía en sus políticos se vuelve grave ofensa.

La presidenta Sheinbaum ha sido consecuente con la muestra pública de austeridad. Viajar en clase turista es una cuota que paga estoicamente, aunque no deja de ser absurdo, a grado tal que en el último tercio de su gobierno López Obrador optó por el transporte ejecutivo en aeronaves de la fuerza aérea mexicana. La presidenta se autoimpone un castigo en aras de acreditar honestidad. Probidad y pobreza no son lo mismo, aunque parezca. Engaño que, lamentablemente, a muchos confunde. Por tal consideración los excesos de los servidores públicos son agravio que se castiga, que entretiene y alimenta el espectáculo de la vida pública. López Obrador, como seguramente será el caso de la presidenta Sheinbaum, saben bien que la abrumadora mayoría de la elite morenista está muy lejos de la austeridad.

Lo de la gobernadora de Quintana Roo, con el uso extensivo de aviones ejecutivos para actividades personales resulta común en muchos, como también una vida privada y situación patrimonial que no coteja con los ingresos. Sucedía en el pasado, pero antes no se predicaba la austeridad como boleto de entrada al escenario de la política. Un ingreso mayor al de la presidenta a quien muchas cosas no le cuestan, un viaje aéreo en primera clase, una atención médica en un hospital privado de calidad o un reloj de marca son apostasía, anatema. Cierto, el exceso ofende y todavía más la simulación, que da material suculento para el periodismo lavadero. El reportaje y el comentario se regocija con estos casos, conforme mayor el detalle más morbo e interés público despiertan. Sin embargo, el tema es otro, la venalidad y la impunidad que resulta de la resistencia de investigar y sancionar el hecho de la corrupción que subyace en el gasto excesivo del funcionario público o de sus dependientes.

El mensaje implícito de la manera como el obradorismo encara el problema de la corrupción no es sancionarlo, sino castigar políticamente a quien provoca escándalo. No que roben, no que los proveedores o los interesados en decisiones de autoridad participen al gobernante con el tradicional pellizco del diezmo, sino con una mordida del tercio, la mitad o más. La corrupción está desbordada y la ha encarecido la prédica moralista del régimen. Prácticamente, no hay gobierno estatal al margen de la venalidad y la ofensiva simulación de probidad. Lo mismo ocurre en muchas oficinas federales.

El lavadero no es malo del todo porque al menos pone al descubierto el abuso; indispensable ir más allá. En primer término, entender qué propicia la corrupción, entre otras cosas, la opacidad y los valores entendidos en la clase política; en segundo, la necesidad de transparencia y escrutinio público; que las autoridades investiguen el abuso, el enriquecimiento inexplicable y todo indicio de venalidad por órganos confiables por su profesionalismo e independencia. No está por demás señalar que el obardorismo acabó con los avances en materia de transparencia, además del abuso de recurrir al tema de seguridad nacional a manera de ocultar lo que hacen y gastan. No menos grave ha sido la destrucción de las instancias independientes para investigar la corrupción, así como el sometimiento de fiscalías y el envilecimiento del sistema de justicia.