En Contexto|Luis Acevedo Pesquera

Cualquiera que sea el resultado, en las urnas se medirá la gobernanza. Algo que los mexicanos no habíamos considerado a lo largo de la historia moderna del país y solamente habíamos considerado a la votación como un simple aval o rechazo del partido en el poder, pero no el desempeño del gobierno, que es lo que ahora vamos a evaluar.

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, el Banco Mundial definió al buen gobierno al modo en la que la gobernanza influía en el desempeño económico y, aunque la idea pueda ser calificada despectivamente como neoliberal, sigue vigente.

Y es así porque este concepto resume asuntos esenciales como la rendición de cuentas del sector público, el acceso a la información gubernamental, la transparencia, el combate a la corrupción con resultados comprobables y el estado de derecho.

Más aún, desde 1994 al afiliarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México se comprometió a garantizar la legitimidad de las instituciones públicas, la profesionalización burocrática, el desempeño eficiente del sector público y la protección de los derechos humanos, factores que hasta ahora el gobierno federal mantiene vigentes.

En efecto, el buen gobierno no debe confundirse con la calidad en el gobierno, ya que el primero se circunscribe al estilo de gobernar, mientras que el segundo contempla aspectos internos y externos del ámbito propio del gobierno y es la calidad del gobierno lo que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos por medio del ejercicio del poder.

La suma de decisiones adoptadas para poner en operación la Cuarta Transformación del país, basadas en la austeridad republicana sufrieron un choque imprevisto por la violenta irrupción de la pandemia del coronavirus que rebasó al frágil diagnóstico que se proponía mejorar la calidad de vida de los mexicanos sin considerar las condiciones socioeconómicas internas ni el entorno global. La apuesta gubernamental se ha basado predominantemente sobre aspectos morales y con cambios estructurales ofrecidos desde la campaña pero carentes del consenso de los productores, lo que favoreció la polarización sociopolítica y la atonía económica con graves efectos en el empleo formal que favorece el desarrollo.

Tradicionalmente, el buen gobierno y su calidad se limitaba a tratar de combatir la pobreza y promover el desarrollo económico y marginalmente se tomaban en cuenta el ejercicio de la democracia y la operatividad de las instituciones públicas como agentes promotores del desarrollo social.

El modelo fue arrasado por la corrupción y la burocracia, de ahí el éxito de la promesa de la Cuarta Transformación que, de cara a las elecciones intermedias, no ha sido capaz de reconstruir el andamiaje social en términos de salud, educación e infraestructura; con ello, la confrontación se convirtió en ejercicio político y se deterioraron los componentes de las instituciones públicas y democráticas, al tiempo que se agravó la inseguridad en todo el territorio nacional.

Actualmente 8 gubernaturas están en manos del PRI, 4 del PAN, en Nuevo León está un independiente, el PRD gobierna Michoacán y en Baja California, Morena.

Localmente, se eligen mil 923 presidencias municipales, 14 mil 596 regidurías, 2 mil 060 sindicaturas, 204 concejalías, 431 juntas municipales y presidencias de comunidad, 642 diputados por mayoría relativa del Congreso y 421 legisladores locales de representación proporcional.

Se renovarán casi todas las Cámaras de diputados. Para la federal se elegirán 500 legisladores, algunos podrán optar por la reelección.

En 30 estados competirán mil 63 diputados; además de que habrá cambios en mil 926 ayuntamientos y en las juntas municipales de 30 estados.

La situación del país actual manifiesta un muy favorable incremento de participación política que en la práctica hará la evaluación de la gobernabilidad nacional, pero también de la calidad del gobierno en un proceso de elección que exige la racionalidad de los votantes por el bien del país.

@lusacevedop