En Contexto|Luis Acevedo Pesquera

La contundencia de los datos

Entre el pasado y el presente, no se ve más que retroceso y la ilusión tiende a diluirse porque página tras página la realidad desdice a los argumentos y a las cifras oficiales

La información presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados es escalofriante.

Durante el primer año de gobernó del presidente Andrés Manuel López Obrador se detectaron más de 67 mil 498 millones en irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.

Como en el pasado, las anomalías financieras corresponden a servicios inexistentes o que no pueden ser comprobables, pagos duplicados o en beneficio de personas muertas, honorarios para contratos apócrifos, becas sin destinatario, recursos no ejercidos o que no se reintegraron a la Tesorería de la Nación.

Entre esos, sobresalen aportaciones en favor de 77 mil 117 adultos mayores inexistentes que suman recursos por 992 millones 680 mil pesos que se distribuyeron a quién sabe quién a través del Banco del Bienestar (Banbien), que próximamente será el intermediario para la captación de las remesas de los mexicanos en el extranjero.

No solo eso. Se exhibe que a 511 viejitos imaginarios les duplicaron la pensión, lo que significó destinarles un millón 836 pesos y, a la par de este tipo de operaciones, tampoco hubo manera de acreditar el destino de poco más de 6 millones canalizados a casi 5 mil personas bajo el concepto de “Pago de Marcha”, que corresponde a los deudos que hayan brindado acompañamiento y cuidados a derechohabientes fallecidos de los Programas de Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad.

Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hay más de 263 millones de pesos sin aclarar, adicionales a las irregularidades millonarias que se observaron en las cuatro vertientes de las Becas del Bienestar, con las que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende evitar la deserción escolar entre la población más pobre del país, pero que no hay certidumbre de que cumpla su objetivo.

En las páginas de la tercera entrega de los Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019 resalta que, de las irregularidades por 67 mil 498 millones de pesos, 28 mil 730 millones de pesos fueron producto de manejos turbios en los estados y municipios, cantidad que equivale a 42 por ciento del total en cuestión.

Sin entrar a los detalles, es evidente el oscurantismo en el manejo del gasto público.

Llama la atención que las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Desarrollo Rural y la de Bienestar, con gran influencia social y movilización política, gastaron casi 30 mil 300 millones de pesos que no pudieron justificar.

Pero hay dos rubros emblemáticos en la documentación de la ASF: uno, el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que será 232 por ciento más elevado de lo que estimó el gobierno del Presidente López Obrador para justificar la construcción del aeródromo de Santa Lucía y dos, los pagos por 75.5 millones de pesos fuera de norma de la refinería Dos Bocas. Los de los proyectos “bandera” del régimen.

Si los datos resultan contundentes, la conclusión de la ASF sobre el ejercicio del gasto público es todavía más fuerte sobre el desempeño del gobierno: “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia, y honradez al Estado”, que incluye al pueblo bueno.

Así, es imposible dejar de pensar en aquello del Gatopardo que dice: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.

@lusacevedop