En Contexto|Luis Acevedo Pesquera

La prioridad en México es la rentabilidad política

Luis Acevedo Pesquera

El planteamiento es muy atractivo y sus efectos indiscutibles. Se sugería que quienes se sumaran recibirían, además de asistencia técnica, financiamiento a tasas preferentes sin necesidad de ocupar las líneas de crédito previamente pactadas. El problema para algunos países es que se insinuaba la necesidad de asumir el compromiso de atender temas relacionados con el mejoramiento del medio ambiente.

Algunos gobiernos de desarrollo intermedio mostraron interés por la propuesta, sobre todo porque políticamente les garantizaría la posibilidad de estimular el crecimiento y, como bien les indicaba el FMI, limitar las secuelas de largo plazo, especialmente en cuanto al deterioro social. En el caso de México, la negativa fue inmediata y junto con ella se diluyó la posibilidad de alcanzar una pronta y sólida recuperación de la situación prepandemia, que no podrá darse antes de 2023.

Abordar esta propuesta significaría cancelar las obras de la refinería de Dos Bocas, modificar radicalmente los programas en marcha del presidente López Obrador para el sector energético que, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) significaría, cuando menos, suspender los esquemas basados en carbón y cambiar radicalmente el plan de negocios de Pemex, además de reorganizar el Presupuesto de gasto público previsto para 2021 que no contiene ninguna partida específica para enfrentar la crisis socioeconómica vigente.

Cuando se comentó la propuesta en Palacio Nacional, la negativa con la cabeza fue acompañada de un no rotundo con la mano y una burla socarrona.

La idea del FMI consiste en que al invertir los recursos disponibles en infraestructura se estimula a la oferta y demanda agregadas que, a su vez, tienden a contribuir al crecimiento nacional e internacional y aceleran el intercambio comercial con efectos en la producción, el empleo y la generación de divisas. Por ejemplo, se mejorarían los esquemas de comunicación entre los miembros del T-MEC y se provocaría un rápido incremento de la inversión privada entre los tres países, además de que mejoraría el intercambio con otros países vecinos de México como los de Centro y Suramérica, Europa o China.

Dentro del catálogo de prioridades propuestas por el organismo internacional sobresalen los proyectos verdes y de desarrollo en favor de las regiones con más atraso. Entre otros se propone invertir en transporte público eficiente, redes eléctricas inteligentes, tecnologías de la comunicación, la digitalización y simplificación de trámites gubernamentales como medida para el combate a la corrupción, acondicionamiento de instalaciones para mejorar su eficiencia energética, además de la canalización de recursos en obras intensivas de mano de obra para la salud y educación, el mantenimiento de caminos o la construcción de rutas que acorten distancias y costos comerciales. Elementos que, en su mayoría, no están en el horizonte presupuestal del gobierno mexicano del próximo año.

El argumento es que este tipo de acciones generan “efectos secundarios” por el aumento de la demanda que generalmente se convierte en crecimiento cuando las economías son débiles, no hay presiones inflacionarias y las tasas de interés bajas.

Pero, en especial, obliga a los gobiernos a garantizar el mejor uso del presupuesto público que, en función del compromiso de un destino eficiente, transparente y con objetivos claros, ya no puede ser canalizado a gastos suntuarios o con carácter subsidiario que son notorios y políticamente muy rentables.

Dislate. A los lectores, mi sincera disculpa por incorporar en la colaboración anterior el nombre de un presidente que no tuvo participación en el G-20 y mucho menos en el momento referido.

@lusacevedop