En Contexto|Luis Acevedo Pesquera

Nunca como ahora, en México se confirma que la confianza es el soporte de toda relación social y que es imposible sostener o avanzar si no hay certidumbre de que las decisiones del líder o las acciones de los vecinos tienen un objetivo.
En una frase: sin confianza es imposible mejorar o crecer.
La terca realidad y el INEGI nos acaban de confirmar estadísticamente la veracidad de esa idea.
En la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO) se manifestó una actitud contrastante de la sociedad mexicana porque con el anuncio de que se relajaría el duro confinamiento impuesto por la pandemia, en junio se registró un ligero repunte de 0.9 por ciento respecto de mayo, que frenó las caídas consecutivas de los cuatro meses anteriores.
Sin embargo, a tasa anual (junio de 2020 contra junio de 2019) la expresión es de franca desconfianza hacia el manejo de nuestra economía, ya que la caída en este indicador fue del orden de -11.7 por ciento que, por la inexistencia de acciones públicas para reactivar las actividades productivas y el consumo, anticipa que veremos avances mensuales marginales que no impedirán caídas en sus comparativos anuales.
Remontar la tendencia no depende de discursos optimistas, por lo que no se puede olvidar que durante el confinamiento 12 millones de personas perdieron sus empleos tanto en el sector formal como en el informal y que el panorama político nacional se ha convertido en un serio lastre para la reactivación de la economía, de manera muy especial, para el consumo privado.
Con el agravante de que la inflación empieza a golpear en los precios de los bienes de consumo generalizado que, como la gasolina y los alimentos, influyen en la pérdida de confianza de la sociedad respecto a las decisiones del gobierno, que ha centrado su actividad en política en criticar las acciones del pasado con juicios mediáticos sin atender los problemas vigentes.
La confianza de los consumidores, que somos todos y que refleja el sentir social sobre las acciones públicas, se sustenta en cuatro condiciones fundamentales: la legitimidad, que representa hacer valer las leyes o normas sin distinciones; el reconocimiento y la efectividad de las acciones comunes; la responsabilidad de las partes y la certeza de las acciones de la autoridad. La realidad confirma día con día que no son suficientes los argumentos de buena fe, sino que se necesita su demostración cotidiana para tener confianza.
En ese sentido y a la luz de la crisis económica, que pasa por la sanitaria y de seguridad, no existe una idea del gobierno con relación a las prioridades en materia de ingreso y gasto público para 2021 para detonar la inaplazable recuperación nacional y que debería ser parte del debate nacional en el Congreso una vez que en septiembre inicie el periodo de sesiones.
De ahí la importancia del Índice de Confianza del Consumidor que levanta el INEGI.
Por ejemplo, entre sus componentes con las caídas anuales (junio 2020 contra junio 2019) más profundas son, primero, la que corresponde a la percepción de situación económica actual de los hogares respecto a la prevaleciente hace 12 meses, que arroja un desplome de -13.3 puntos, pero el que describe a la situación económica actual del país es de -12.6 unidades.
Esto es, de franca desconfianza sobre las decisiones económicas establecidas por el gobierno federal.
Todavía más. La expectativa de confianza de los consumidores para dentro de un año también es negativa y prevé un descenso de -11.4 puntos, que confirma no solo que estamos mal sino de malas.
Con su frialdad, los datos corroboran que no hay confianza en las acciones del gobierno, que no hay transparencia y que, desde la perspectiva de las relaciones afectivas hacia el régimen las encuestas tampoco son alentadoras.
En todos los casos sobresalen señales inequívocas de desconocimiento de lo que representa la gestión pública y eso se expresa en incertidumbre además de desconfianza.
Ya lo decía Mafalda: lo único en la vida que no tiene garantía es la confianza.
@lusacevedop