En la medida en que las autoridades gubernamentales afirman “que ya se aplanó la curva” de contagios por la enfermedad del COVID-19, aumenta la incertidumbre y temor de la ciudadanía no solamente por lo que significará en términos de salud levantar la cuarentena, sino porque nos enfrentaremos a un panorama económico incierto y frágil.

Desde el momento en que se reconoció la emergencia sanitaria se protegieron las consecuencias políticas en perjuicio de los costos social y económico.

Aunque había sido declarada pandemia, se desdeñaron los llamados que exigían mantener distancia entre las personas en tanto se entendían los efectos de la virulencia y la chanza llegó al grado de exhibir amuletos para que fuera la suerte y no el establecimiento de políticas públicas coordinadas las que hicieran frente al coronavirus.

El contagio creció entre la población y entre diversas regiones del país y el tema sanitario desveló las carencias heredadas que se potenciaron con la austeridad republicana y la falta de planeación presupuestal que derivó en descoordinación entre los estados y el gobierno federal.

Se perdió tiempo y quedaron expuestas las deficiencias de la estructura de gobierno para atender no solamente un gravísimo tema de salud global sino sus consecuencias sociales y económicas, porque en unos días el mundo cambió y muchos países decidieron el aislamiento que modificó flujos de intercambio de bienes, mercancías, dinero y personas.

Cuando se llegó a la cuarentena, que se estuvo posponiendo para tratar de minimizar las consecuencias y el costo social del confinamiento, explotaron de las carencias de la infraestructura nacional que se trató de resolver con un programa económico basado en la soberbia y no en la emergencia que ya anunciaba una crisis económica, aún inconmensurable.

El plan del gobierno se basa en la producción petrolera, cuando el mercado mundial está saturado y el precio de los hidrocarburos va a la baja y con ese fin se incluye la edificación de la refinería de Dos Bocas en Tabasco que dará empleos e inversiones, lo mismo que la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, además de un manejo libre del presupuesto federal para el presidente, en caso de cualquier emergencia.

La desocupación formal en el primer trimestre del año supera los 347 mil empleos, más de los que se crearon en 2019 y la cifra más optimista advierte que llegarán a un millón de personas sin empleo, lo que condenará a un amplio segmento de la población a una situación de pobreza estructural.

Se desoyó a quienes pedían un esquema incluso de mayor participación del Estado en la economía, pero se prefirió el enfrentamiento y el sostenimiento selectivo de privilegios en beneficio de los aliados políticos que la búsqueda de la unidad nacional.

La crisis de incertidumbre económica ya está presente.

Más allá de las cifras de organismos privados que anticipan el desplome de la economía y del empleo en cifras catastróficas, en coincidencia el Banco de México advierte que la compleja situación económica global ha dado lugar a importantes revisiones de las expectativas económicas, las cuales proyectan caídas en la actividad no vistas desde la Gran Depresión, lo que significará un retroceso de 90 años.

En este escenario es que se pretende reactivar las actividades en el país y declarar el sometimiento de la pandemia en México.

Sin embargo, no existen datos suficientes ni la transparencia que exige el futuro de México que puedan sustentar la necesaria reanudación de actividades económicas.

Por ejemplo, no se conoce la tasa de contagio ni hay credibilidad de la capacidad de atención del sistema hospitalario y de sus insumos que, además, están envueltos de escandalosos casos de corrupción.

No hay pruebas suficientes y accesibles a la población para que se puedan identificar a todos los infectados y sus contactos, de manera que se pueda reconocer la verdadera intensidad de la transmisión de la infección. Aunque la medida puede no ser científicamente relevante, sirve para construir credibilidad y confianza entre la población.

Se han evitado las pruebas serológicas que muestren el nivel de anticuerpos de la población y, con ello, saber quiénes disponen de inmunidad natural; además de crear brigadas con personal de salud identificado y protegido para rastrear a los contagiados que han evitado informar de la enfermedad, sin dejar de advertir de la importancia de mantener la “sana distancia” y el cubrebocas durante mucho tiempo.

Sin esos factores de poco servirá escalonar en dos fechas la reactivación económica y social, porque el riesgo del rebrote de la enfermedad será peor en materia económica, social y política, que tanto le preocupa al gobierno federal.

Lo que viene después de la cuarentena no se resuelve con optimismo mañanero, se requiere información suficiente y transparente acompañada de una estrategia clara y verosímil para enfrentar la crisis que esté respaldada por una serie de políticas públicas capaces de garantizar cobertura general.

Será difícil reanudar actividades en un ambiente de incertidumbre social y económica, porque con esa carga, es imposible moverse siquiera.

@lusacevedop