En contexto|Luis Acevedo Pesquera

El proceso judicial en contra de Emilio Lozoya Austin, que pretende colocarse en el centro de la atención pública como ejemplo histórico de la lucha contra la corrupción en México, no es precisamente una iniciativa del gobierno federal, sino que es parte de los compromisos adquiridos por el actual régimen con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De cara a la próxima evaluación sobre la salud económica para seguir siendo considerado en los programas de apoyo financiero y asistencia técnica que cada año lleva a cabo el más neoliberal de los organismos multinacionales en el marco del “Artículo IV de su Convenio constitutivo”, nuestro país está obligado a rendir cuentas también en materia de gobernanza y corrupción.
A eso responde que recientemente hayamos visto decisiones sorpresivas en el ámbito político inducidas desde Palacio Nacional, como el acuerdo unánime en la designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la intención presidencial para revisar el Sistema de Federalismo Fiscal con los gobernadores mayoritariamente de oposición.
En las próximas semanas un equipo técnico del FMI visitará México para recopilar y analizar en privado con las autoridades gubernamentales, con analistas del sector privado y con representantes de la sociedad civil cada una de las políticas macro y microeconómicas, además de las financieras, junto con los elementos sociales y políticos que pueden incidir en los resultados económicos nacionales.
La evaluación del país, en el marco del “Artículo IV”, se lleva a cabo desde 1978 y originalmente solamente atendía los temas macroeconómico y financiero, pero desde 2018 se incluyeron la gobernanza y la corrupción.
Estos elementos constituyen una “condicionalidad” específica que incorporó el FMI para que los gobiernos lleven a cabo reformas que conduzcan a una interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable, además de la lucha contra la corrupción.
Al asumir el triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el compromiso de aceptar la extensión de la “condicionalidad” del Fondo en materia de gobernanza y corrupción para dar continuidad a sus promesas de campaña, incluso cuando eso podría ser calificado como intervencionismo en las decisiones de gobierno.
De los asuntos económicos, el Banco de México publica un informe anual, pero de la gestión del gobierno y de sus acciones en la lucha contra la corrupción no existe a la fecha un reporte abierto y sistematizado, por lo que prevalece opacidad en las gestiones de la administración pública.
El proceso abierto en contra del exdirector de PEMEX y la enorme publicidad que se le ha brindado desde la esfera gubernamental tiende a crear la percepción de que se construye un giro radical e histórico en la lucha contra la corrupción, promesa de gobierno que se desliga del interés por resolver al mismo tiempo las tres grandes crisis derivadas de la pandemia: la crisis económica, la sanitaria y la de seguridad, que está íntimamente ligada a la de justicia.
La misión del FMI, vendrá a México a revisar qué se ha hecho para mejorar la gobernanza en materia de administración tributaria, fiscalización del gasto, transparencia fiscal, supervisión del sector financiero, instituciones de lucha contra la corrupción, y declaración de bienes por parte de los altos funcionarios del gobierno.
Con esos datos, se elaborará un diagnóstico con el que, en Washington, calificarán a nuestro país y será el factor de decisiones para la inversión y el desarrollo.
Una idea importante por parte del Fondo es que “la corrupción —el abuso de la función pública para beneficio propio— es algo más que un desperdicio o desviación de dinero público: erosiona el contrato social y corroe la capacidad del gobierno para contribuir a que la economía crezca en forma tal que todos los ciudadanos se beneficien”, especialmente de cara a los efectos generados por la COVID-19.
Pero que no sea para cumplir con la condicionalidad del FMI.
Combatir la corrupción exige de un gobierno comprometidos con el progreso nacional basado en un esfuerzo conjunto con el sector privado y la sociedad, con instituciones verdaderamente autónomas, en este caso la Fiscalía General, y sin dejar de lado la cooperación internacional.
Más que juicios mediáticos, circos y propaganda política unilateral con los que se eluden compromisos en favor de la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción, hay que dar resultados y considerar, sobre todo, que al país le urgen programas para resolver la crisis sanitaria, económica y de seguridad, que son puntales de la justicia.
@lusacevedop