Emite CNDH consideraciones por recorte a sector salud

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de mayo de 2019.- Con el ánimo de contribuir a la garantía de protección del derecho a la salud y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló a diversas autoridades federales, de manera respetuosa, varias consideraciones relacionadas con el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y/o la no transferencia de recursos a ese sector, a partir de las medidas de austeridad implementadas por la actual administración.

Entre ellas, les pidió adoptar las medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin dilación o interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.

Además, implementar las acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas para evitar transgresiones de consecuencias irreparables, para lo cual, teniendo en cuenta las medidas de austeridad implementadas por la actual administración, se deberán asignar los recursos económicos suficientes.

También deberán garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud en condiciones de igualdad y no discriminación; velar por una distribución equitativa de todos los bienes y servicios en esa materia; vigilar la apropiada formación de médicos y demás personal relacionados y proporcionar la atención integral a las y los pacientes.

Mediante un documento dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías; al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda, este Organismo Nacional, les hizo saber que tales peticiones atienden al mandato del artículo 1° constitucional.

Subrayó que, ante señalamientos de posibles actos de corrupción, irregularidades, inconsistencias o uso indebido del gasto público, es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.

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