El mundo al revés|Ernesto Villanueva

SSPC: ¿Ocaso prematuro de un proyecto?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) empieza a entrar en una dinámica de desgaste a poco más de un año de su creación. Si la SSPC no puede controlar a sus propios elementos menos va a garantizar la seguridad ciudadana. Véase si no.

Primero. La creación de la Guardia Nacional como modelo de un cuerpo de élite que combinaría las habilidades militares con una impronta civil no ha tenido los resultados esperados. De ahí, por ende, que sea la Secretaría de Marina la que tenga la última palabra en el combate al crimen organizado, no ya el nuevo agrupamiento pensado para desmilitarizar gradualmente las fuerzas del orden federal. Peor aún. Los haberes o bonos que tenía la extinta  policía federal se han eliminado para los miembros de la Guardia Nacional donde hay una molestia creciente al ver reducidos sus ingresos mensuales. En esa tesitura hay cada vez más elementos de esa corporación que ven que ser institucionales no genera incentivos en sus ingresos como lo demuestra el efectivo movimiento Dignidad, valor y justicia que ha reivindicado los derechos de los federales; a) El secretario Alfonso Durazo dijo que no habría indemnizaciones por la desaparición de la fuente de trabajo, sino sólo opciones de cambio en el gobierno federal. Una inédita e histórica movilización de los cuerpos de élite de la seguridad pública del país hizo que Durazo empezara a actuar conforme a la Constitución iniciando el pago de las indemnizaciones que no habrían de existir.

Segundo. Un creciente número de elementos de la Guardia Nacional ha observado que sólo la movilización pública puede transformar sus exiguos ingresos. Ello nunca había pasado hasta que pasó. Las habilidades políticas de Durazo –que las tiene sin duda y es un hombre esforzado– no han sido suficientes como herramienta de disuasión para que las fuerzas del orden acepten ganar menos. Meterse con los ingresos de la gente y sobre todo con los grupos más vulnerables por su trabajo es muy peligroso. Durazo ha logrado con sus acciones un punto de quiebre: el reconocimiento judicial del derecho de manifestación y organización de los policías (y por añadidura de los cuerpos militares poniendo en aprietos a los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval y Marina, Almirante Vidal Francisco Salmerón) temas tabú que se habían contenido por razones de seguridad nacional. Desde la perspectiva del gobernante es un retroceso, pero es un avance desde la óptica de las fuerzas del orden que tienen ahora mecanismos para la defensa de sus derechos. Y esto no hubiera sido posible sin la habilidad y conocimiento del reconocido jurista y litigante Enrique Carpizo.

Tercero. Ahora se acusa a Carpizo de cobrar por sus labores como si estuviera impedido legal o por resolución judicial parar cobrar de manera legal y legítima por su trabajo, sobre todo habiendo resultados históricos que pocos, muy pocos, se habrían atrevido a judicializar un asunto de esta naturaleza como lo ha hecho con éxito el abogado de la mayor parte de los policías federales inconformes.

Por otro lado, en la SSPC el espíritu de cuerpo, la disciplina y el orden jerárquico han sido echados por la borda. En una lógica del absurdo, por un lado hay un diligente subsecretario, Ricardo Mejía Berdeja, que entiende la problemática. Pero por otro, un subalterno de él, el comisionado de fuerzas federales, Nicolás González Perrín, ha pasado del ataque cuidadoso a los policías federales inconformes para, de manera pública, lanzarse verbalmente contra los líderes del movimiento. En redes sociales, el comisionado González Perrín califica a Carpizo de ‘seudoabogado’ y profirió amenazas al joven dirigente policial Mario Alberto Lover.

La SSPC se ha deslindado de las expresiones del funcionario policiaco, lo que obviamente no basta porque se demuestra que no hay capacidad para obligarlo a ajustar su conducta a la esfera de sus atribuciones legales. Ningún servidor público tiene facultades para entrar en una disputa verbal con los gobernados y menos proferir amenazas lo que es en sí mismo un delito. Es momento de que se haga algo en esa secretaría que cada día que pasa se aleja más de su cometido institucional en perjuicio de la sociedad toda. @evillanuevamx [email protected]