CHILPANCINGO, Gro., 18 de marzo de 2019.- Elizabeth Patrón Osorio, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), habla al oído del auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta. Pasan de las ocho de la noche del miércoles 13 de marzo y acaba de iniciar la primera sesión pública del Comité Coordinador del SEA en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Incipiente, el Sistema Anticorrupción de Guerrero no tiene nada. Este día, con casi un año de retraso, nombrarán apenas a Itzel Figueroa Salazar como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva, cuya primera tarea será conseguir los fondos para sufragar los gastos de operación y el pago de salarios —contraprestación, dicen en el SEA— de los miembros del CPC y de ella misma. No será tarea fácil la de Itzel, recién salida de la administración municipal perredista de Chilpancingo.
El SEA Guerrero no tiene un peso etiquetado en el presupuesto de 2019 que aprobó con casi dos semanas de retraso el Congreso del estado de mayoría morenista, cuyos diputados Jesús Villanueva Vega, de la comisión de Vigilancia; Yoloczin Domínguez Serna, de Transparencia; y Alfredo Sánchez Esquivel, de Presupuesto, no supieron decir —en entrevistas por separado— por qué no le etiquetaron recursos. O al menos no lo dijeron con claridad.
Yoloczin Domínguez dijo —con un tono suspicaz— que el CPC había ido a pedirle 20 millones de pesos para sueldos. Luego, a pregunta expresa, aclaró que las seis dependencias que conforman el Comité Coordinador harían una bolsa presupuestal para hacer funcionar al SEA.
Alfredo Sánchez aseguró que le presupuestaron dos millones y cuando se le dijo que en el Presupuesto publicado no aparece nada buscó una hoja impresa y, de lejos y sin soltarla, mostró la cantidad. Jesús Villanueva aceptó que no, que el SEA no tiene presupuesto para este año y preguntó, además, que entonces cómo va a operar.
—¿Cómo? ¿el SEA no corre el riesgo de convertirse en figura decorativa?
—No me gusta adelantarme a hechos que todavía no acontecen. Hay un foco amarillo prendido. Hay un riesgo —dijo, cauto.
Las trabas planteadas por los entrevistados se antojan insalvables: desde la falta de asignación de presupuesto hasta los obstáculos burocráticos, producto, en el mejor de los casos, de omisiones legislativas o del gobierno, pero hay quien piensa que esta lentitud es planeada para que el Sistema Anticorrupción no termine de cuajar.
¿A quién le conviene eso? Marcos Méndez, presidente del CPC y activista especializado en temas de transparencia, considera que ni más ni menos que al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por motivos que explicaremos más adelante.
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