El drama de los desaparecidos

Por si fueran pocos los asesinatos, en años recientes aumentan de manera relevante los desaparecidos. El homicidio es tragedia mayor e irreparable; enlistarse en la condición de desaparecido representa una herida permanente que impide reconciliarse con la pérdida. La familia, especialmente las madres, esposas e hijas, literalmente se vuelven almas en pena buscando, al menos, una evidencia tangible de la partida de su ser amado.

Ante la magnitud del problema surgen colectivos de mujeres en búsqueda de desaparecidos, de lo que queda de los que fueron asesinados. Siempre ha habido personas masacradas cuyos restos son deliberadamente escondidos.

Es un registro histórico de un país que normaliza la muerte a gran escala, más ahora cuando los criminales violentos cobran relieve porque el espectáculo de la muerte no sólo es consecuencia inevitable de la actividad delictiva, sino parte del negocio y para amedrentar personas, someter autoridades y vencer adversarios.

La exhibición de la muerte tiene otra cara de la moneda: el ocultamiento de los ejecutados. Los números se incrementan y no es casualidad. La estadística criminal hizo de los homicidios la métrica de la desgracia, contención y, ocasionalmente, éxito de las autoridades frente al crimen. Las autoridades recientes no pudieron ocultar el fracaso y para ello recurrieron como política de Estado desaparecer a los desaparecidos a pesar de que se incrementaban. En este sentido a autoridades y criminales concurrieron en el objetivo de desaparecer la evidencia del assesinato.

Los homicidios, sin incluir a los desaparecidos, con una estadística igualmente desastrosa, no presentaba el cuadro completo del drama nacional que presenta cifras de fatalidades propias de un país en guerra civil. El presidente López Obrador ordenó sancionar a la responsable de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, funcionaria vertical y valiente, quien denunció la intención del presidente de alterar la numeralia de los desaparecidos.

El presupuesto para las unidades especializadas para la identificación de los restos humanos en la materia también fue disminuido de manera importante. El desdén a los desaparecidos es una de las expresiones más crueles de un régimen que desprecia la vida, como muchas otras cosas. En el gobierno anterior hubo 51 mil desaparecidos y en este la cifra es proporcionalmente mayor; en seis años fueron asesinados poco más de 250 mil personas, cifra aterradora con muchos y muchas inocentes, incluso menores y población civil víctima de la criminalidad y de la indolencia o connivencia de autoridades municipales, estatales y federales. Un drama nacional que nuestra generación ha normalizado. No debe escapar a la atención el caso de migrantes asesinados y que complica de manera importante la denuncia; la cifra de desaparecidos está subestimada.

El descubrimiento del campo de exterminio en las proximidades de Guadalajara, Jalisco, ha generado una explicable indignación. Muy lamentable que las autoridades federales en lugar de asumir la responsabilidad que les corresponde actúen de manera cobarde para trasladar a las autoridades locales la omisión, como si no fuera competencia de todos combatir al crimen organizado y la desaparición de personas. De vergüenza nacional que las madres buscadoras y no las autoridades, como en muchas otras partes, dieran con la evidencia de lo que allí sucedía. No debe sorprender que se descubran numerosos sitios con restos humanos derivados del ocultamiento de homicidios por parte de los criminales; en estos días se denuncian varios en Tamaulpas.

El régimen que se llama humanista es el que más destaca en su desprecio a la vida y miente al manipular las cifras de homicidios y de los desaparecidos. La energía, determinación y valor de mujeres por todo el país constituyen la denuncia más enérgica y eficaz para que las autoridades dejen de engañar, aunque persiste la indolencia y el abandono institucional para atender uno de los temas más dolorosos que vive nuestra generación. México debe emprender una política de Estado para esclarecer y contener la creciente práctica de ocultamiento de los homicidios.