El creciente peso de los órganos constitucionales en América Latina

Miguel Paradela López, Profesor del Departamento de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Tec de Monterrey Campus Querétaro

Twitter: @LopezParadela

Al momento actual, Ecuador se encuentra en el proceso de aprobación de una ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, tal y como había requerido la Corte Constitucional del Ecuador. Este órgano había declarado la inconstitucionalidad de parte del artículo 150.2 del Código Orgánico Integral, que limitaba la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo causado por una violación únicamente cuando la mujer padecía de “discapacidad mental”. 

En Colombia, fallos recientes de la Corte Constitucional han llevado a la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación o a la ampliación del derecho a la eutanasia a pacientes no terminales, en ambos casos contando con el rechazo del poder ejecutivo. Centrados en México, el punto de inflexión puede situarse claramente a partir de la reforma Constitucional de 2011, que elevó la protección de los Derechos Humanos reconocidos en Tratados Internacionales a rango constitucional y, por ende, amplió el ámbito de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, pueden señalarse como ejemplos la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la limitación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.

En definitiva, podemos observar una creciente actuación de los órganos constitucionales, abordando temas jurídicamente controvertidos e incluso elevando mandatos a los órganos legislativos. Si bien tal conducta es coherente con un sistema que garantiza un progresivo incremento en el respeto a los Derechos Humanos y refleja un sano funcionamiento de los mecanismos de protección constitucional, es vital que esté siempre acompañada por una sistemática labor de socialización por parte de los Estados, para así evitar que su actuación sea percibida como una injerencia política y que se degrade la imagen de las instituciones e incluso de la misma estructura constitucional.

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