Impulsa Querétaro a emprendedores con créditos y capital semilla
QUERÉTARO, Qro., 24 de octubre de 2021.- En recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera estatal 100, elementos de la Policía Estatal aseguran y ponen a disposición de la Fiscalía General de la República a una persona del sexo masculino por el delito de violación a la ley de migración y, dos más, asegurados y trasladados a la Fiscalía General del Estado por el delito de cohecho y delito contra la seguridad pública.
A la altura del municipio de Tolimán, se le marcó el alto a un autobús que circulaba emitiendo exceso de contaminantes. Al abordar al conductor, se le explicó el motivo de haberlo detenido y se realizó una inspección a la unidad, donde venían alrededor de 100 personas.
Al entrevistarse con los pasajeros, afirmaron que son originarios de Centroamérica y explicaron que abordaron el camión en el estado de Puebla con la promesa de llegar a los Estados Unidos, sin embargo, aclararon que en ningún momento realizaron algún pago al chofer.
Por lo anterior, los oficiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado en coordinación con la Policía Municipal de Tolimán, establecieron contacto con personal del Instituto Nacional de Migración para el registro y traslado de las personas, además de gestionar apoyo con el grupo especial de víctimas para la atención y protección de las personas y menores de edad, así como personal médico por parte de Protección Civil Municipal de Tolimán, siempre salvaguardando sus derechos.
Mientras esperaban a las autoridades migratorias, arribó un vehículo Jetta en color blanco con placas para el estado de San Luis Potosí, con dos personas a bordo, quienes ofrecieron dinero a los policías para dejar cruzar el camión por territorio queretano, con las personas centroamericanas a bordo.
Por lo anterior, el conductor de la unidad fue puesto a disposición de la FGR por tráfico de personas indocumentadas, mientras que las dos personas que llegaron en el vehículo particular ofreciendo dádivas, fueron aseguradas y trasladadas a la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.