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QUERÉTARO, Qro., 11 de mayo 2017.- Benjamín Vargas Salazar, nuevo fiscal anticorrupción en el estado de Querétaro, desconoció el impacto económico que representa la «corrupción» para la administración estatal, esto pese a que acaba ser electo el responsable del área, asegurando que estos datos los obtendrá después de que realice un estudio en la materia.
«En breves días me reuniré con el Secretario de Finanzas para platicar el tema de los recursos, hacer un planteamiento, una propuesta y en base a ello generar las proyecciones presupuestales… una cosa es el costo de operación de la fiscalía y otra el costo de la corrupción… tenemos estudios nacionales que hablan de la pérdida económica para este rubro se habla de millones de pesos hay estudios de la OCDE pero el dato no lo tengo».
Pese a que durante el proceso de selección de fiscal, los legisladores verificaron la experiencia de cada candidato en la materia y los alcances que podrían generar en el tema de corrupción, el nuevo fiscal negó tener los datos concretos en la entidad, además que aseguró que será hasta que conforme su equipo de trabajo y acuda a la Secretaría de Finanzas que comenzara el proceso de revisión.
«Debemos fortalecer el marco formativo, el marco constitucional y para ello debemos desarrollar instrumentos jurídicos, manuales y protocolos, así como la especialización del personal que nos va a acompañar, ver el tema de los recursos y la conformación de la Fiscalía».
En cuanto a la autonomía que tendrá este fiscal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde fue funcionario; Benjamín García aseguró que fueron las mismas bases de la convocatoria las que garantizaran este tema, ya que será el Congreso de Querétaro al único al que le deberá rendir cuentas con el informe anual que presente.
«La legislatura hizo un gran trabajo, mi reconocimiento a los diputados y diputadas, ya que a través de las reformas constitucionales está garantizada la autonomía del fiscal anticorrupción, ya que el nombramiento del fiscal depende del Congreso, además del informe que debemos rendir a la legislatura y que el personal que estaría adscrito no tendría injerencia con el fiscal general».