Desafuero de Maru Campos no implicaría dejar el cargo

QUERÉTARO, Qro., 14 de mayo de 2026.- La posibilidad de un desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha escalado al terreno político y legislativo luego de que legisladores de Morena anunciaran su intención de impulsar un procedimiento de declaración de procedencia en su contra, en medio de la controversia derivada del operativo en el que murieron agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.

El proceso, conocido comúnmente como “desafuero”, no implica automáticamente la destitución de la mandataria ni una sentencia penal, sino el retiro de la inmunidad procesal que protege a ciertos funcionarios públicos mientras ocupan el cargo. De prosperar, permitiría que la gobernadora enfrente una investigación o un juicio penal como cualquier ciudadano.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, el primer paso sería la presentación formal de una denuncia o solicitud ante la Cámara de Diputados federal, ya sea por parte de la Fiscalía General de la República o de una autoridad facultada para ello. Posteriormente, el caso sería turnado a la Sección Instructora de San Lázaro, órgano integrado por legisladores encargados de revisar pruebas, testimonios y argumentos jurídicos.

Tras el análisis del expediente, la Sección Instructora emitiría un dictamen que deberá ser sometido a votación del pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia. Para retirar el fuero constitucional a la mandataria se requeriría mayoría absoluta de los legisladores presentes.

Sin embargo, el procedimiento no concluiría en el ámbito federal. Tratándose de una gobernadora en funciones, el Congreso del Estado de Chihuahua tendría participación en el proceso conforme al artículo 111 constitucional, lo que podría abrir un escenario de disputa política y jurídica similar al ocurrido en 2021 con el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo desafuero aprobado por la Cámara de Diputados derivó en una controversia constitucional por la postura del Congreso local.

En el contexto actual, el eventual desafuero de Maru Campos enfrenta importantes obstáculos políticos y legales. Morena necesitaría consolidar una mayoría suficiente en San Lázaro, sostener el caso con una carpeta de investigación robusta y, además, superar la correlación de fuerzas en el Congreso de Chihuahua, donde el Partido Acción Nacional mantiene presencia relevante.