Defensoría de Querétaro defiende Ley Trans tras veto

QUERÉTARO, Qro., 26 de mayo de 2026.- La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro defendió la constitucionalidad y obligatoriedad jurídica del reconocimiento legal de la identidad de género, al señalar que este derecho deriva directamente de tratados internacionales y del marco constitucional mexicano en materia de derechos humanos.

A través de un posicionamiento emitido este 26 de mayo, el organismo sostuvo que el llamado control de convencionalidad obliga a todas las autoridades del país a interpretar y aplicar las leyes conforme a estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en lo relacionado con el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

La Defensoría afirmó que el reconocimiento de la identidad de género no representa una concesión discrecional del Estado, sino una obligación jurídica derivada del bloque de constitucionalidad y convencionalidad vigente en México desde la reforma constitucional de 2011.

Asimismo, subrayó que negar el reconocimiento legal de identidad genera una contradicción para las personas trans, quienes existen plenamente en la vida social, familiar y comunitaria, pero carecen de documentos oficiales que reflejen su identidad.

El organismo también confirmó que participó activamente en la elaboración y revisión técnica de la iniciativa aprobada por el Congreso local, brindando acompañamiento jurídico durante todo el proceso legislativo para garantizar que la propuesta cumpliera con estándares nacionales e internacionales en derechos humanos.

Respecto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo estatal formule observaciones o ejerza veto sobre la reforma, la Defensoría indicó que reconoce dicha facultad constitucional y señaló que esperará conocer el contenido íntegro de las observaciones para emitir un posicionamiento más específico.

Finalmente, reiteró que continuará acompañando el proceso legislativo y evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones, manteniendo como eje central la defensa irrestricta de los derechos humanos y el respeto al marco constitucional y convencional vigente.