Se fortalece acceso a una salud digna y profesional: Evelyn Salgado
GUERRERO, Gro., 14 de noviembre de 2022.- La vida de Socorro Gil dio un vuelco el pasado 5 de diciembre de 2018. Una amiga le contó por teléfono que su hijo, Jonathan Guadalupe Romero, de 26 años, y otro joven estaban siendo registrados por la policía cerca del Zócalo de Acapulco, en Guerrero. Gil le llamó: “Le pregunté qué pasaba. Me dijo que no lo sabía y que me regresaría la llamada más tarde”. Las palabras de su hijo a través del celular fueron las últimas que tuvo de él. Dos días más tarde, abrió un acta por desaparición forzada. Desde entonces, la madre fue amenazada y extorsionada, por lo que se vio obligada a cambiar de ciudad y refugiarse en Ciudad de México. El caso aún se encuentra impune.
Gil defiende que fue la policía la que se llevó a su hijo y a Carlos Ignacio Rojas, un amigo del joven al que también registraron y cuyo cuerpo apareció sin vida un día después. “En la Fiscalía encontraron un video de cuando fueron a tirar al otro chico y desaparecieron ese video, ya no está en la carpeta [de la investigación]. En Guerrero no tenemos justicia, no tenemos ley”, dice sentada en un parque de Coyoacán, al sur de la capital, después de una tarde entera dedicada a pegar carteles con la cara de su hijo.
Asegura que no conocer la situación de Jonathan es lo peor que le podría haber pasado como madre. “Ya son cuatro los años que vivimos [ella y su familia] en la oscuridad, en la total desprotección. El Gobierno no nos apoya. Muchas veces salimos a buscar con nuestros propios recursos”, cuenta Gil. Afirma que, dos años después de la desaparición de Romero, consiguió que las autoridades realizaran una batida de búsqueda, aunque siente que “faltó mucho” por hacer. Ahora, indica, acaban de aprobar otra nueva búsqueda, aunque aún faltan trámites para realizarla.
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