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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre de 2025.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrán este miércoles una reunión bilateral en Palacio Nacional, en la que el tema central no es otro que el preocupante avance del crimen organizado en territorio mexicano y su impacto regional.
El encuentro, programado para las diez horas, marca el primer acercamiento formal entre ambas figuras desde la llegada de Sheinbaum al poder. Se da en un contexto complejo: mientras Washington presiona por una colaboración más enérgica en la lucha contra el narcotráfico —especialmente por el tráfico de fentanilo—, el gobierno mexicano insiste en que cualquier acuerdo debe regirse por los principios de respeto a la soberanía y no injerencia.
En conferencia previa a la reunión, Sheinbaum declaró que México está dispuesto a cooperar, pero dejó claro que “no aceptaremos condiciones ni subordinaciones. La seguridad nacional es responsabilidad del Estado mexicano, y así seguirá siendo”. La presidenta también sostuvo que “la violencia que nos duele no será resuelta con militarismo ni presiones externas, sino con justicia y gobernabilidad”.
Por su parte, Marco Rubio —quien funge como jefe de la diplomacia estadounidense desde enero— llegó a México con una postura firme.
En declaraciones anteriores, el funcionario ha señalado que “México debe actuar con decisión contra los cárteles”, a quienes ha calificado como organizaciones terroristas trasnacionales que representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.
El poderío del crimen organizado: un desafío continental
Uno de los puntos más sensibles de la agenda bilateral es el creciente poder del crimen organizado en México, cuya capacidad operativa, armamentística y financiera ha alcanzado niveles sin precedentes.
Según estimaciones del Departamento de Estado, al menos tres cárteles mexicanos tienen capacidad de operación transnacional en más de 20 países, incluida una creciente presencia en la frontera sur de Estados Unidos. En los últimos años, grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras células han extendido su control sobre rutas clave del narcotráfico, minería ilegal, extorsión y tráfico de personas. Se calcula que el crimen organizado en México genera ingresos por más de 60 mil millones de dólares anuales, equivalentes al 4 % del PIB nacional.
Además, informes de inteligencia estadounidenses y europeos advierten que algunos cárteles han comenzado a fabricar fentanilo de forma autónoma, sin depender de insumos importados desde Asia. Esto ha elevado el nivel de alarma internacional, sobre todo ante la crisis de sobredosis por opioides que afecta a más de 100 mil personas al año en EE.UU. En ese contexto, la presión de Washington por lograr una respuesta contundente ha ido en aumento.
Rubio ha promovido en el Congreso estadounidense propuestas para designar como terroristas a los cárteles mexicanos, lo que permitiría operaciones extraterritoriales, incluso sin autorización del gobierno mexicano, algo que ha sido rechazado de forma categórica por el gobierno de Sheinbaum.
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