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QUERÉTARO, Qro., 30 de enero de 2020.- Repuntó en el 2019 la cantidad de recursos ciudadanos para resguardar, rectificar u oponerse al uso que de sus datos personales realizan instituciones públicas, reveló María Elena Guadarrama Conej, comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO).
Durante todo el 2018 se presentaron, si acaso, 15 recursos de ciudadanos interesados en validar su derecho Arco, mientras que en el 2019 se recibieron 200, repunte que estimó se debe a que cada vez más personas están conscientes de que sus datos personales deben estar protegidos.
El derecho Arco resulta aún novedoso, y se refiere al derecho que tiene todo ciudadano a la rectificación, cancelación y oposición (Arco) al uso que cualquier autoridad pública realiza de sus datos personales.
Todas las entidad públicas deben contar con una unidad de protección de datos, mientras que la unidad de transparencia entra en acción al momento en que las autoridades le niegan alguno de esos derechos Arco, o la respuesta que obtiene de ellas no corresponde a sus necesidades.
“Nosotros también estamos encargados de tutelar sus derechos, y con nosotros pueden interponer recursos”.
Las entidades federales tienen limitado el uso de los datos recabados de los ciudadanos, de ahí que la secretaría de gobernación no puede, por Ley, recibir los datos personales bajo el resguardo del INE, lo mismo ocurre en el tema de salud, pues todo ciudadano tiene derecho al resguardo de su información.
Entre los recursos de acceso a datos personales se encontró uno, en el que una autoridad educativa rechazó proporcionar datos de dos alumnos a una persona, quien recurrió a Infoqro para hacer valer su derecho Arco de Acceso, y explicó que en ocasiones se mal entiende cuáles son los datos personales y cuáles no.
“Ahí habría que comprobar que, efectivamente, la persona que quiere hacer uso de ese derecho de acceso sea principalmente, la portadora del mismo, o que tenga un interés legítimo para poder acceder a ellos”.
En este punto sostuvo que no se trató de que el INE rechazara arbitrariamente dar los datos de los electores a la Secretaría de Gobernación, lo que ocurrió es que por Ley está impedido a transferir dicha información, y que eso mismo debe ocurrir con cualquier entidad a la que se requiera esa información.
Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el responsable de actuar para resguardar los datos personales en protección al INE, o cualuqier otra instancia pública federal.
“Todos los servidores públicos, todas las entidades tenemos la obligación de resguardar los datos mediante un aviso de privacidad… en el que nosotros proporcionamos nuestros datos a las entidades públicas, ahí estamos autorizando para que exclusivamente tienen que ser utilizados”, finalizó.