CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a las autoridades correspondientes con el fin de evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos y la posible irreparabilidad de daños a quienes resultaron afectados cuando personal del servicio público federal, identificados como elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, pretendió ingresar a los albergues Exodus Came, en Agua Prieta, Sonora, y Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila, respectivamente, para realizar revisiones del estatus migratorio de las personas migrantes allí alojadas y solicitar información sobre ellas.

Igualmente, este Organismo Constitucional Autónomo condena el hostigamiento, amenazas y presiones que dicho personal del servicio público federal realizó contra la labor que las personas defensoras de derechos humanos realizan en favor de las personas en contexto de migración y las instalaciones de los albergues habilitados por la sociedad civil, y solicitó a los tres órdenes de gobierno respeto a la normatividad aplicable a los albergues habilitados por la sociedad civil que alojan a personas en contexto de movilidad.

De acuerdo a un comunicado el pasado 28 de junio esta Comisión Nacional atendió la solicitud de la directora del Centro de Atención al Migrante Exodus Came, quien denunció la presencia fuera del inmueble de 3 vehículos y alrededor de 20 elementos identificados como Guardia Nacional, quienes intentaron ingresar al albergue, además de solicitar información sobre las personas que allí se encontraban.

Asimismo, conoció que el sábado 20 de julio anterior, alrededor de las 12:00 horas, elementos de la Policía Federal acudieron a la Casa del Migrante, perteneciente la organización civil “Frontera con Justicia”, para revisar el estatus migratorio de las personas alojadas allí, en contravención a lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Migración, que a la letra dice: “El Instituto (Nacional de Migración) no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

Además, el encargado de dicho albergue fue amenazado y advertido por esas personas servidoras públicas, a quienes se impidió el acceso en términos de lo establecido por dicha norma, que posteriormente acudirían con representación del Instituto Nacional de Migración (INM) para acordonar el lugar.

Personal de este Organismo Nacional acudió ayer al citado albergue, donde conoció por voz de su director, Alberto Xicoténcatl, que a las 11:15 horas del 23 de julio pasado se realizó un operativo policial afuera de las instalaciones, con presencia de elementos y unidades del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Saltillo, quienes perseguían y trataban de detener a tres personas extranjeras que se alojaban allí y que momentos antes habían salidos de las instalaciones.

La CNDH reconoce la relevancia y trascendencia social de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en favor de quienes están en situación de movilidad, por lo que desaprueba que su trabajo sea obstaculizado mediante la estigmatización y el descrédito, que afectan de manera profunda y sensible a quienes ejercen esa actividad, y les coloca en situación de mayor vulnerabilidad.

Cualquier acto de hostigamiento, amenaza o presión hacia la labor que realizan los albergues, sus integrantes o directivos debe reprocharse en un momento tan sensible y complejo como el que atraviesa el país en materia migratoria, ya que dichas instalaciones se han constituido en espacio de alojamiento y generosidad hacia las personas y familias, niñas, niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad y han dado respuesta alternativa y humanitaria en México.

Para esta Comisión Nacional, es tiempo de que se reconozca la labor altruista que realizan los albergues, espacios producto del esfuerzo de la sociedad civil, sobre todo porque prestan servicios y atención que legalmente corresponden a las autoridades gubernamentales; les expresa su más alto reconocimiento por el trabajo que realizan y les manifiesta su respeto y solidaridad.

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