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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de abril de 2018.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a conocer la orden de visita de investigación a las instalaciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que realizó el 16 de noviembre de 2017, tras los sismos de septiembre, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la investigación se refiere a irregularidades en la distribución de los recursos destinados a las víctimas de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado que causaron el fallecimiento de 471 personas y afectaron a más de 12 millones de mexicanos, y ocasionaron daños en más de 180 mil viviendas, de las cuales al menos 50 mil sufrieron una pérdida total, según indica el comunicado INAI/042/18.
“Una vez atendida la contingencia, los gobiernos canalizaron ayuda económica a la población damnificada. La primera fuente de éstas es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Parte de sus recursos se distribuyó, a través de Bansefi, a las personas cuyas viviendas habían sido dañadas conforme a los datos del censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Estos recursos sumaron 773.7 millones de pesos”, expuso.
Salas Suárez recordó que fue el propio director del Bansefi, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, por la presunta clonación de tarjetas que el banco entregaría con recursos económicos a 114 mil damnificados. “Este caso revela la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública para dar certeza sobre la administración de los recursos públicos destinados a la reconstrucción. Voces de expertos y del Inai han señalado esta importancia”, remarcó.
El comisionado afirmó que la información pública es el insumo por excelencia para facilitar el proceso de reconstrucción y “permite a las autoridades, rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus atribuciones y la administración de los recursos que se les confían, como en el caso de Bansefi”. En respuesta a la particular que solicitó ese documento, el sujeto obligado indicó que se encontraba reservado, por estar relacionado con un proceso de investigación.
Manifestó que su Comité de Transparencia confirmó la clasificación por un periodo de 5 años, y que en el acta correspondiente se encuentra la prueba de daño y, en este sentido, refirió el vínculo electrónico para consultarla. Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el Inai.
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