Supervisa Evelyn Salgado avance del 64% en encauzamiento del Río Huacapa
CIUDAD DE MÉXICO. 1 de febrero 2023.- Tras los terribles y dolorosos asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza —sucedidos el 20 de junio de 2022 en la comunidad Cerocahui, Chihuahua— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once integrantes de la comunidad jesuita, tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente.
Tras siete meses y ocho días desde los hechos, la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los hechos no ha sido detenido. Además, la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste. Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), solicitaron medidas cautelares a la CIDH.
Debido a esto, el pasado 22 de enero la Comisión emitió la Resolución 2/2023, en la cual advirtió sobre la situación de violencia e inseguridad que afecta especialmente a las comunidades de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Tras recibir información de las autoridades mexicanas sobre el caso, la CIDH consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos.
La nota completa en Quadratín México