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CELAYA, Gto., 20 de abril de 2019.- El chofer de una casa hogar, fue detenido y acusado de la violación de dos menores que se encontraban bajo el cuidado de dicho lugar.
Las menores se encontraban en un albergue en donde recibían atención y cuidado, en ese lugar trabajaba como chofer JUAN CARLOS N, aunque también desempeñaba otras actividades.
Las menores llegaron al lugar con la edad aproximada de seis años y fueron víctimas de manera inicial de tocamientos, y de violación en forma posterior, con lo cual se trastocó su sano desarrollo.
El acusado quedó a descubierto tras una denuncia por personal de la Procuraduría Auxiliar adscrita al DIF de Celaya y Comonfort, respectivamente, lo que dio origen a una carpeta de investigación por abuso sexual infantil.
Esto involucró un equipo multidisciplinario que intervino en todas las instancias, con la finalidad de acreditar los delitos.
Al llegar la denuncia al ámbito de la Fiscalía Regional, la prioridad inicial fue proteger a las menores agredidas, por lo que se activaron protocolos inmediatos separando a los menores del presunto agresor, favoreciendo las condiciones apropiadas para la investigación, la cual se realizó por horas en forma ininterrumpida para sustentar ante un Juez la liberación de una orden de aprehensión.
La Agente especializada de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, desplegó una serie de acciones que le permitieron determinar la responsabilidad penal del acusado, entre otros factores, la confirmación de secuelas generadas en las menores por la situación de abuso.
Un primer delito imputado a JUAN CARLOS N, es lo que la ley señala como delito de Violación Espuria (1 hecho), Violación Equiparada (2 hechos) y Corrupción de Menores en agravio de una menor; por Violación Espuria (2 hechos) y Corrupción de Menores en agravio de otra niña.
La conducta sexualmente abusiva quedó de manifiesto en la imputación al detenido, lo que derivó en una vinculación a proceso penal y prisión preventiva para JUAN CARLOS N, de 42 años.
En espera de una sentencia que podría sobrevenir en cuatro meses, luego de que la Fiscalía Regional, a través de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, complemente la acusación con mayores elementos de prueba.