Buscan elevar a rango constitucional programas sociales en Querétaro

QUERÉTARO, Qro., 9 de abril de 2025.- Con el propósito de que los programas sociales implementados por el Gobierno del Estado dejen de ser herramientas con fines políticos y se conviertan en derechos constitucionales, los diputados Claudia Díaz Gayou (PT), Arturo Maximiliano García Pérez (Morena) y Paul Ospital Carrera (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro.

La propuesta busca blindar legalmente estos apoyos para evitar que sean utilizados como moneda de cambio en procesos electorales, y garantizar que mantengan su enfoque en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población queretana, independientemente del color del partido en el poder.

La diputada Claudia Díaz Gayou afirmó que esta iniciativa responde a una exigencia ciudadana: “Garantizar que los programas sociales estén verdaderamente al servicio de la población, sin intereses personales, clientelares o partidistas”. Agregó que los apoyos deben ser accesibles para toda la ciudadanía y mantenerse vigentes, sin importar los cambios de administración.

En su intervención, el legislador Arturo Maximiliano destacó que la lógica de los programas sociales en Querétaro responde a necesidades locales específicas, que no siempre coinciden con las prioridades de los programas federales. “Deben dejar de ser coyunturales y convertirse en derechos permanentes, sin posibilidad de ser condicionados”, puntualizó.

Por su parte, Paul Ospital Carrera recordó que el presupuesto estatal aprobado para este año priorizó el enfoque social sobre la obra pública, y consideró fundamental que estos apoyos se mantengan y fortalezcan en el tiempo. “Esta es una causa que va más allá de colores. Pensar en el largo plazo significa garantizar derechos y programas sociales para las próximas generaciones”, sostuvo.

La iniciativa plantea que los programas sociales no podrán ser reducidos ni eliminados por decisión unilateral de un gobierno entrante, sentando así las bases para una política social sólida, incluyente y libre de manipulaciones políticas.

Ahora corresponderá al Congreso del Estado analizar la propuesta en comisiones antes de someterla a votación en el pleno.