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QUERÉTARO, Qro, 30 de septiembre de 2026.- El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes utilizados para pedir limosna, al plantear modificaciones legales que eviten que las víctimas tengan que acreditar amenazas, fuerza o coacción para que se configure el delito de explotación de la mendicidad ajena.
Desde la tribuna del Senado de la República, el legislador por Yucatán advirtió que detrás de un menor que pide dinero en un crucero puede existir una persona adulta que lo vigila, controla y obtiene un beneficio económico.
La propuesta busca modificar el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, debido a las dificultades que actualmente existen para acreditar la explotación de menores mediante la mendicidad.
Ramírez Marín cuestionó que se pueda exigir a una niña o adolescente demostrar que se encuentra en un crucero pidiendo dinero bajo amenaza o algún mecanismo de coacción.
“¿Cómo puede una niña de nueve o 15 años demostrar que pide limosna bajo amenaza?”, planteó el senador al explicar la problemática que pretende atender con la reforma.
El proyecto propone que, cuando las víctimas sean menores de edad, se les otorgue una protección similar a la prevista para niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, de manera que no recaiga sobre ellos la obligación de acreditar la existencia de amenazas o coacción.
Durante su intervención, el legislador dimensionó la problemática del trabajo infantil en México y señaló que alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta situación.
“Esa niña no vota, esa niña no sabe que existe el Senado, sólo nos tiene a nosotros para resolver esta situación”, expresó.
Ramírez Marín llamó a las y los senadores a analizar la iniciativa con sensibilidad y rapidez, al considerar que el tiempo que los menores permanecen en condiciones de explotación representa una etapa de su vida que no puede recuperarse.
“La infancia no se recupera. No hay reforma que le devuelva a nadie los años que pasó entre coches, en lugar de pasarlos entre compañeros en la escuela”, sostuvo.
La iniciativa plantea trasladar una mayor responsabilidad hacia las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para identificar y sancionar a quienes obtienen beneficios de la explotación de menores.