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QUERÉTARO, Qro., 2 de junio de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobó una reforma para que la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial local se realice hasta 2028 y no en 2027, con el argumento de evitar que coincida con los comicios ordinarios y generar mayor certeza en la organización electoral.
En una nota publicada en la edición impresa de el Diario de Querétaro, se da a conocer que el presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, sostuvo que la propuesta surge a partir de las áreas de mejora detectadas durante el primer proceso de elección judicial, por lo que se busca perfeccionar los mecanismos de evaluación de perfiles, simplificar la votación y fortalecer la certeza jurídica.
“Se propone que la siguiente elección judicial se realice en 2028, no para cancelar derechos ni regresar al viejo régimen, sino para fortalecer la organización electoral”, argumentó el legislador morenista.
La propuesta generó debate entre las distintas fuerzas políticas. El diputado independiente afín al PAN, Enrique Correa Sada, respaldó que la elección judicial no coincida con los comicios de 2027, pero cuestionó que se pretenda empatar con el ejercicio de revocación de mandato previsto para 2028.
Además, criticó la reforma judicial impulsada a nivel nacional al considerar que no garantiza transparencia suficiente para seleccionar a los mejores perfiles dentro del Poder Judicial.
Por su parte, el diputado de Morena, Eric Silva Hernández, defendió la iniciativa y recordó que la legislación aprobada en Querétaro contempla una escuela de formación judicial como filtro para quienes aspiren a participar en los procesos de elección.
Durante la misma sesión, la comisión avaló incorporar a la Constitución local una nueva causal de nulidad de elecciones relacionada con la intervención extranjera en procesos electorales.
La propuesta establece que una elección podría anularse cuando se acrediten actos de injerencia externa que influyan en los resultados, como financiamiento ilegal, campañas de desinformación u operaciones digitales coordinadas desde el extranjero.
Morena defendió la medida al considerar que fortalece la soberanía nacional y protege la autenticidad del voto ciudadano, mientras que legisladores de oposición señalaron que podría generar interpretaciones amplias y afectar mecanismos de cooperación internacional.
Las reformas aún deberán continuar su trámite legislativo antes de entrar en vigor.