QUERÉTARO, Qro., 17 de noviembre 2016.- Consuelo Rosillo Garfias magistrada presidenta del TSJ de Querétaro aseguró que el poder judicial está abierto a reunirse con los alcaldes para analizar las áreas de oportunidad en el nuevo sistema de justicia penal oral, para que ellos den sus observaciones y estás puedan subsanarse desde el ámbito estatal.

«En el nuevo sistema de justicia oral se privilegia la libertad, de tal manera que si el delito no es considerado grave, no podrá someter al inculpado a prisión preventiva, a no ser que la Fiscalía acredite la prisión preventiva, no he tenido un acercamiento con el edil de Corregidora pero debemos platicar para analizar sus inquietudes y ver quién está fallando, si los jueces, la Fiscalía, o Seguridad Ciudadana».

De acuerdo con la magistrada cualquier observación en este tema pueda atenderse y generar una mejor práctica, sin embargo tiene que utilizarse en los medios locales para implementarse, ya que de lo contrario se tendría que solicitar el apoyo de los legisladores federales para hacer una modificación a la ley que acaba de entrar en vigor.

«Necesitamos que nos den desde su perspectiva donde se requiera hacer algunos refuerzos de atención, ya que la norma fue determinada por la legislatura y no se puede cambiar en Querétaro, por lo que debemos revisar desde el hacer de cada una de estas autoridades cómo podremos atender estas observaciones».

En el tema de la reincidencia delictiva en Corregidora, la magistrada seguro que los responsables de cometer un delito que han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales no pueden catalogarse como reincidentes, ya que esta figura únicamente aplica cuando se ha generado una sentencia ejecutoria en contra de alguna persona y esta vuelve a delinquir.

«El robo no es considerado un delito grave y por ello accede a llevar su proceso en libertad, no se ha detenido a nadie como banda en este momento en ese supuesto, pero debemos analizar cada caso… además que la reincidencia tendría que acreditarse a partir de una sentencia ejecutoria hacia una persona en la que ya se haya dado ejecución y que después haya vuelto a delinquir».