Desaparece universitaria en SLP; su familia bloqueó carretera 57
QUERÉTARO, Qro., 27 de mayo de 2025.- Los conductores de taxis concesionados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han lanzado una advertencia: si las autoridades permiten que plataformas como Uber y Didi operen dentro de las áreas federales del aeropuerto sin acatar las disposiciones legales y sin cubrir los pagos correspondientes, emprenderán acciones de protesta durante la celebración del Mundial de Futbol 2026.
Los taxistas señalan que, a diferencia de los operadores de aplicaciones, ellos deben seguir múltiples lineamientos como contar con licencia federal, seguro especial, exámenes médicos periódicos y cubrir una cuota mensual cercana a los 2,300 pesos por unidad. Aseguran que las apps, en cambio, funcionan en los alrededores del aeropuerto sin controles ni sanciones.
La inconformidad creció luego de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propusiera una fase de prueba de seis meses para permitir que las plataformas digitales puedan recoger pasajeros en el aeropuerto, antes de definir un marco regulatorio definitivo. Los taxistas ven esta propuesta como una medida irregular y señalan posibles actos de corrupción, ya que no existen aún reglas claras.
En respuesta a esta posible apertura, los taxistas han pedido la intervención de la Guardia Nacional para que se apliquen multas y operativos contra los choferes de aplicaciones que operen sin permisos en áreas federales. También han denunciado que las autoridades han eliminado señalizaciones que promovían el uso de taxis autorizados, lo que interpretan como un respaldo implícito a las apps en perjuicio de los servicios legales.
Con la cercanía del Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes, la tensión crece. Los taxistas exigen igualdad de condiciones y cumplimiento normativo, mientras que las plataformas sostienen que su participación podría ampliar las opciones de transporte y mejorar la conectividad. Hasta ahora, no se ha alcanzado un acuerdo entre ambas partes.
La posibilidad de protestas durante un evento internacional de esta magnitud resalta la necesidad urgente de una regulación justa y clara para el transporte en zonas federales, que considere a todos los sectores involucrados.